Ley de punto final… de la democracia
Que, si un ciudadano de a pie no puede delinquir sin pagar su pena, idéntica pena deba pagar el político que igual delinca
Excluyo toda valoración aquí. Y claro que la tengo. Me la guardo. Llegados los momentos graves, todo afecto distorsiona. Es el momento del análisis: la hora de saber sólo qué es lo que hemos perdido y qué es lo que nos aguarda ahora.
Lo que llamamos democracia en el continente europeo se codifica sobre un acto fundacional fechado. 1789, mañana del 10 de junio. Versalles. «Ha llegado la hora de cortar amarras». Ante la «Asamblea» que va a tomar nombre de «Nacional», el Abad de Sieyès proclama el advenir de un mundo nuevo. Le da nombre: «El Tercer Estado es la nación».
Hasta ese día, los Estados Generales consagraban tres poblaciones, herméticamente separadas, cuya regulación correspondía a derechos y tribunales de justicia diferentes: nobleza, clero, más una amorfa masa tan sin título que no se da para ella con más denominación que la numérica: «Los terceros», los que aún no tienen ni nombre. A ésos, en la mañana de ese diez de junio, identifica Sieyès con una nación que sólo conseguirá serlo de pleno derecho, en la medida exacta en que los otros dos residuos del mundo muerto queden disueltos en la única ley y en los derechos iguales de una sola figura jurídica: la ciudadanía.
Ni jueces distintos, ni distintas leyes, ni penas diferenciadas podrán establecerse ya entre sujetos que van a responder, a partir de ahora, con un mismo título ante los tribunales: el de ciudadano. La democracia nace en ese punto. No, no es el mundo de los «iguales» con el que soñará Babeuf, no nos equivoquemos. El mismo Sieyès insiste pertinentemente en subrayar que la igualdad entre individuos es una abstracción sin contenido: cada cual es, en la medida sólo en que es distinto de todos los otros. Lo que hace nacer la modernidad garantista, concluye, es una «ficción» –o, si se prefiere, una «convención»– jurídica: la de que todos, sin excepción, hayan de ajustarse por igual a igual ley.
A lo largo de los 234 años transcurridos desde ese acto fundacional, los esfuerzos de los grupos dominantes –de las castas políticas, en particular– por apropiarse de privilegios e impunidades sobre el conjunto de la ciudadanía han sido continuos. Y, hasta hoy, de uno u otro modo, la ciudadanía europea ha vivido en la guerra latente con esos poderosos que no tienen más horizonte que el de trocar en siervos inferiores a quienes constitucionalmente son sus iguales conciudadanos. Durante dos siglos y medio, Europa ha vivido dictaduras de diverso tipo: brutales o benévolas, sangrientas o masoquistas. Al cabo –y eso nos diferencia de territorios políticos más salvajes–, la ciudadanía europea ha retornado siempre a reclamar la condición primera para una democracia: que nadie, absolutamente nadie, quede exento más que otro del peso de la ley. Que, si un ciudadano de a pie no puede delinquir sin pagar su pena, idéntica pena deba pagar el político que igual delinca.
Eso destruyó anteayer el borrador de ley trapicheado entre un presidente español en funciones, que traiciona la Constitución, y un delincuente prófugo, al cual el tal presidente erige en héroe nacional de la Cataluña independiente. Los desposorios tienen como arras el cadáver del poder judicial: esto es, la destrucción de esa ciudadanía cuyo garante único es la igualdad ante la ley. Eso es, con precisión fría, lo que hemos perdido. ¿Lo que nos aguarda? ¿Quién lo sabe?
Es el punto final de la democracia. Llegados a este extremo, de nada va a servir ningún disfraz retórico. Se abre el abismo.
Comentarios
