SOS
El Gobierno está a punto de rematar una operación muy inquietante de la que nadie parece querer hablar
Yolanda Díaz no ha dicho ni mu. Pedro Sánchez menos. Y los sindicatos, que son verticales en el Nuevo Régimen, apenas soltaron algún pellizquito de monja pasajero. Todos miran para otro lado con el ERE de Telefónica, que le permitirá a la compañía aligerar su plantilla en casi 3.500 personas, a partir de 55 años, con una oferta económica difícil de rechazar.
Porque alcanzarán la edad de jubilación con casi un 70 por ciento de su retribución actual, lo que unido a la previsible indemnización y a la disminución de los gastos inherentes a estar en activo les permitirá mantener su poder adquisitivo, probablemente, sin tener que madrugar para acudir al trabajo.
Desde la perspectiva de la empresa, nada que objetar desde el punto de vista financiero: se quitará carga laboral sin perder posición en el mercado ni desarrollo global y podrá sustituirla por personal más barato.
Otra cosa es el Gobierno y, en especial, quienes desde dentro de él han edificado su discurso sobre la criminalización de las empresas, la intromisión en su actividad y el expolio fiscal a sus recursos e ingresos, que multiplica el que también perpetran contra sus empleados, a menudo con la complicidad, ignorancia o incluso aplauso de ellos.
Porque el ERE de Telefónica coincide con la decisión de Sánchez de invertir 2.000 millones de euros, a través de la debilitada SEPI, en adquirir un porcentaje cercano al 10 por ciento de sus acciones. Una cifra muy similar a la del coste del ERE, cifrado al menos en 1.300 millones más impuestos.
Es decir, aunque los conceptos son distintos, la salida y la entrada de dinero son parecidos, lo que en la práctica supone que la sociedad va a poder hacer su ajuste con la seguridad de que el agujero será cubierto con una inyección superior al coste del mismo, presentada además con una mentira.
Porque no es verdad que, para evitar que Arabia Saudí tome una posición dominante en Telefónica, adquiriendo cerca de un 10 por ciento, Pedro Sánchez tenga que suscribir ese mismo porcentaje del capital y convertir con ello al Estado, y en su nombre al Gobierno, en accionista de referencia: podría vetar esa operación agresiva sin necesidad de imitarla, tal y como le faculta la legislación vigente.
Para ahondar en las sospechas, el silencio abrumador de Díaz y compañía las remata: con o sin veto legal al despido, difícil de justificar técnicamente al no tratarse de una ayuda pública directa, nada le impide discutirlo, oponerse a él y denunciar la incompatibilidad entre imponer impuestos especiales a los gigantes energéticos o a las grandes fortunas (la excusa retórica para disecar a las rentas medias) y, a la vez, ayudar a una de ellas con una millonada que incrementará las cifras del paro (descomunales pese a la manipulación gubernamental) y obligará a los trabajadores en activo a soportar una mayor presión fiscal para sufragar el tiempo libre de prejubilados gozosos en edad de trabajar.
Lo cierto es que Telefónica va a adelgazar sin esfuerzo propio alguno; que el Gobierno sumará el control de las telecomunicaciones al de Indra y al de Correos para conformar un dominio preocupante de tres actores clave de los procesos electorales y de conocimiento de la opinión pública y que todo ello se hará a costa de incrementar el expolio fiscal a las pymes, los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena; sin ningún beneficio aparente para la sociedad; con el temor al uso político del botín por parte de un poder político de tendencias autocráticas y en nombre de un temor a la invasión extranjera simplemente falso.
Que además Díaz y los sindicatos sean cómplices de todo ello cierra el círculo de la aparente componenda: los que machacan a la empresa tipo de España, de corte familiar y con menos de diez empleados, aceptan ahora gustosos el regalo público de una fortuna a un gigante multinacional y aplauden con las orejas un despido colectivo sin precedentes recientes.
Sánchez denunció hace poco más de un año que en España se conspiraba contra él en los «cenáculos» de Madrid y señaló a unos supuestos «señores del puro». Ahora vemos cuál es su respuesta a esa enésima falacia: quedarse con el estanco y decidir quién, cómo y cuándo podrá fumar. Que todo esto resulte verosímil, sea o no exacto, es suficiente para llevarnos las manos a la cabeza. Pero nada, sigamos con los Reyes, que somos como niños.
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