Tiro en el pie
En pos de la sostenibilidad de nuestros mares, impedimos a los pescadores y conserveros usar redes de arrastre, pero compramos los peces que capturan los argelinos
Si producir tomates en Marruecos, Turquía o cualquier otro lugar de la periferia europea es más barato que hacerlo en Almería, todo el que quiera y pueda seguir plantando tomates, sandía o lo que le venga en gana cruzará el Estrecho. Al que no le seduzca la idea o no le alcance para costear la mudanza cerrará la explotación y buscará un buen subsidio u otro modo de ganarse la vida por estos lares. Es la lógica del mercado. Ahora bien, cuando vengan los tiempos de necesidad, como ocurrió durante los largos meses del confinamiento ilegal de 2020, no nos llevemos las manos a la cabeza. Será tarde.
Si en la crisis industrial de los noventa externalizamos a Asia las fábricas, para ganar eficiencia gracias a sus bajos costes laborales, ahora estamos dejando progresivamente en manos de los africanos nuestra despensa a cambio de que nos cuiden las fronteras, aunque sea a su conveniencia. Puesto que no queremos humos en nuestro limpio cielo europeo, fabricamos los fertilizantes al otro lado del Mediterráneo para, posteriormente, importarlos. Como queremos tierras oxigenadas, impedimos al agricultor nacional usar nutrientes que favorezcan el crecimiento de su producción, pero compramos el excedente que llega de Mauritania. En pos de la sostenibilidad de nuestros mares, impedimos a los pescadores y conserveros usar redes de arrastre, pero compramos los peces que capturan los argelinos. Nos estamos pegando tiros en el pie. O a los terceros les imponen las mismas condiciones o les aplican aranceles o a los europeos les compensa la pérdida, no hay otra.
La crisis en el sector primario en toda Europa lleva años enquistada, sin que nadie se haya dado por aludido. Los objetivos medioambientales, pintados sobre un papel en el despacho de una planta noble, han estado siempre por encima de la realidad. Los que pisan moqueta no han puesto el pie en el barro. En España, en los últimos cinco años, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la renta agraria apenas ha subido. En 2018, rozaba los 30.000 millones. Al término de 2023, rebasa los 31.000. La inflación ha batido con creces el valor de la producción. Vivir de la tierra lleva camino de convertirse en una condena. Crear problemas entre los países miembros, como pretenden los agricultores franceses, no acabará con el drama. Pero, en todo caso, al fin y al cabo, pelean por lo suyo. Más difícil de entender es la demonización de las tractoradas de la Moncloa y sus terminales. Si hubieran empleado el mismo tiempo, celo y cariños que en agradar a Puigdemont, hace tiempo el asunto estaría resuelto.
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