Disparate nacional
Tiemblan inversores y empresas al pensar que la libertad de movimientos de capitales y personas o el principio de igualdad puedan verse condicionados por el próximo deseo de Puigdemont
Un fugado de la Justicia, un tipo que no puede poner un pie en España si lo que pretende es evitar su traslado inmediato a prisión, es el hombre que más poder atesora en nuestro país. Durante días, no solo ha mantenido en vilo al Gobierno, sino también a inversores, empresas y ciudadanos. El esperpento de sus demandas produce un sonrojo y una alarma sólo superados por la vergüenza ajena que provoca la docilidad bovina de la Moncloa a la hora de encajar cada una de ellas.
En cuestión de una semana, Junts ha alcanzado su objetivo: demostrar, por si cabía alguna duda tras los pactos de investidura, que son ellos los que mandan. Las leyes, sean más o menos razonables o convenientes, se convalidarán sólo cuando ellos lo desean. Viviremos a merced de su capricho. El precio inmediato de la convalidación de los primeros decretazos del año es la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña o el desoír el mandato de la Unión Europea para suspender una actuación judicial cuando se plantee una duda al Tribunal de Justicia comunitario. Sin embargo, el coste político y económico es infinitamente más elevado.
Tiemblan inversores y empresas al pensar que la libertad de movimientos de capitales y personas o el principio de igualdad puedan verse condicionados por el próximo deseo de Puigdemont. Su exigencia para multar a las empresas que osen no regresar a Cataluña carece de fundamento, es más cosmética que otra cosa, puesto que, aunque establecieron las sedes sociales lejos de las garras del voraz y corrosivo separatismo, sus sedes operativas permanecen en esa comunidad. Sin embargo, la mera mención de una multa, si no se acomodan a los deseos del dictadorzuelo, ya tiene consecuencias: la huída del dinero.
El empobrecimiento material que provocará tamaño disparate político se queda corto ante el desbaratamiento del entramado institucional. Félix Bolaños ha rebajado al Parlamento a mera correa de transmisión del Poder Ejecutivo. Y Puigdemont ha convertido a ese Gobierno en rehén de sus veleidades y necesidades, que no son otras que poner de rodillas al poder judicial para hacer saltar por los aires los principios que rigen la Constitución. La inseguridad jurídica que provoca cada una de sus demandas, atendida sin rubor por Pilar Alegría y María Jesús Montero, provoca escalofríos.
Moraleja: el chantaje a Pedro Sánchez genera réditos. Junts vuelve a demostrarlo. Se está haciendo la campaña para las próximas elecciones autonómicas a costa de la Moncloa. Pablo Iglesias ha tomado buena nota. Los de Podemos le van a dar más de un disgusto al presidente, su antiguo socio, en las posaderas de Yolanda Díaz. La precariedad del Ejecutivo es insostenible, porque esto no ha hecho más que empezar.
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