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Sostiene Rajoy en su último libro- El arte de gobernar- que los políticos debieran hablar poco de inmigración y hacer mucho para evitar sus consecuencias más problemáticas. A la vista está que nadie le hace caso; hasta Rufián se ha lanzado de cabeza al asunto durante el pasado debate parlamentario. Tal osadía ha sido severamente rechazada por su parroquia, que aún no está preparada para la voladura de uno de esos muros que les permiten definirse como infalibles transeúntes por el lado bueno de la historia.

Rufián se ha puesto a hablar de inmigración y seguridad mientras el gobierno vasco que integran PNV y PSOE ha decidido sexar delincuentes en función de su origen. No sé si hay precedentes cercanos de tan innovadora decisión, pero estoy segura de que si la medida hubiera sido implantada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, los decibelios de la alarma antifascista hubieran hecho temblar los pilares de nuestra convivencia. ¡Qué portadas de El País nos estamos perdiendo! ¡Qué lecciones de Intxaurrondo y qué bravatas parlamentarias de Pedro Sánchez ! Tampoco Ferreras enviará a sus reporteras cuquis a preguntar a todos los dirigentes del PP su opinión sobre tan xenófoba ocurrencia. Mejor demorar el escándalo hasta que se lo puedan colgar a la derecha.

La decisión del gobierno vasco de facilitar los datos sobre el origen de las personas detenidas me plantea muy serias reservas éticas, pero estadísticamente resulta inapelable. El 64 % de los detenidos eran extranjeros. Y este dato tiene el mismo valor político que la súbita conversión de Rufián a la xenofobia, quienes alertan sobre los problemas de seguridad que crea el exceso de inmigración ilegal han dejado de ser unos peligrosos fascistas. La izquierda reconoce por fin la existencia de un problema que siempre ha negado, aunque quienes más lo padecen son la supuesta base social de sus votantes: los usuarios de los servicios públicos, los receptores de ayudas sociales o los vecinos de los barrios más pobres de nuestras ciudades

Se diría que cuánto más se habla sobre el fenómeno, menos se hace para atajar sus consecuencias más negativas. Desde luego no lo puede hacer una izquierda que aún está empezando a enterarse del problema. Pero la cuestión de la inmigración también divide a la derecha. Para los conservadores clásicos estaríamos sencillamente ante un fenómeno que exige una buena gestión. Rajoy y Aznar se pudieron permitir el lujo de no hablar de inmigración porque durante sus gobiernos nunca se percibió como un problema. Las polémicas, en todo caso, venían por las críticas de la izquierda a sus iniciativas contra la inmigración ilegal.

Sin embargo, la nueva derecha populista no aborda la inmigración como un problema de gestión, sino como una amenaza identitaria y de paso, como una batalla más de su guerra ideológica. Por eso Vox utilizó la excusa de la inmigración para romper sus acuerdos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas. Previsiblemente, este también será el escollo principal de las negociaciones entre ambos partidos para elegir al próximo presidente de la Generalitat.

Ignoro si PP y Vox serán capaces de encontrar puntos de entendimiento sobre cómo abordar este fenómeno en el futuro, pero ya nadie podrá acusarles de racismo o xenofobia; después de lo que Rufián y lo del gobierno vasco, aquí xenófobos ya somos todos.