Un consejo a Peinado para su jubilación
Yo en su lugar denunciaría a Diana Morant por lo que ha dicho. Y quizás animaría a mi mujer y mi hija a hacer lo mismo
El juez Juan Carlos Peinado cumplirá dentro de tres meses 72 años, la edad límite para ejercer su profesión. Será el 27 de septiembre cuando tenga que colgar la toga y pasar a la vida más o menos contemplativa: esa que sigue a decenas de años trabajando.
Peinado entró en la judicatura relativamente tarde, con 40 años, así que desconozco qué pensión le quedará una vez se jubile. Pero yo, en su lugar, probaría a redondear mis emolumentos con una demanda (y su correspondiente indemnización) contra Diana Morant, quien ayer lo acusó de estar «pagando favores a Ayuso» por abrir juicio contra Begoña Gómez e imponer medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
La declaración de la ministra-candidata, para que conste en acta, ha sido exactamente esta: «No deja de ser tampoco una casualidad perversa que Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid (...). Seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso y, desde luego, contribuyendo a 'el que pueda hacer que haga' con este maltrato, maltrato, que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que sorprende a todo el mundo en la judicatura. Desde luego, se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente, por ser la mujer del presidente, para que le afecte al presidente del Gobierno y para intentar tumbar al Gobierno de España».
Esto, que es una acusación de prevaricación de libro, es ante todo una oportunidad para Peinado. Sin ser yo experto en Derecho, denunciaría a Morant por difamarme, pues, al realizar estas declaraciones en la calle, no están protegidas por inmunidad parlamentaria alguna. Y animaría a mi mujer y a mi hija a hacer lo propio, pues han dado a entender que su ascenso y su situación laboral, respectivamente, obedecen a algún tipo de intercambio cuasimafioso.
Yo exploraría la posibilidad de una denuncia, como hizo el juez García-Castellón cuando Ione Belarra lo llamó «corrupto» a través de las redes sociales. El magistrado denunció y una sentencia reciente ha condenado a la exministra a indemnizarle con 9.000 euros, un dinero que no te saca de pobre en esta España enferma de socialismo, pero que sí te paga unas buenas vacaciones.
Porque ¿se puede discrepar del juez Peinado? Se puede, incluso públicamente. ¿Se puede ver exagerado el riesgo de fuga de Begoña Gómez? Se puede, pero sin faltar a la familia del magistrado que sí aprecia dicho riesgo. ¿Se puede dudar del Ministerio del Interior? También. Es más, se debe. Sobre todo después de dejar a Puigdemont fugarse por segunda vez tras permanecer diez minutos a pie quieto sobre una rotonda en el centro de Barcelona (y habiéndolo avisado antes).