Procesar a Sánchez por traidor

Esto dice literalmente el artículo 102 de la Constitución española, incluido en el Título IV, referido al Gobierno y a la Administración, en sus tres únicos apartados:

1. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Y esto desarrolla el Título XXII del Código Penal, el referido a los «Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional», con un buen número de artículos entre los cuales destacan dos, el punto 1 del 582, con penas de prisión de 12 a 20 años:

«El español que facilite al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento».

Y el 592, que dice esto literalmente:

«Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».

Hay muchos más que encajan en comportamientos de Pedro Sánchez, a quien Vox aspira a procesar por delitos de traición, para lo que necesitaría que fuera el Parlamento quien enjuiciara al líder socialista, previo impulso de un cuarto de los diputados (88) y la aprobación final de los 176 necesarios para sumar mayoría absoluta, algo que solo sería posible si se sumaran los escaños de PP (137), VOX (32) y Junts (7), con la ironía de que el amnistiado Puigdemont tendría en su mano procesar a su amnistiador por traicionar una patria que él mismo no siente: un remate kafkiano pero perfectamente coherente con la alocada carrera de Pedro Sánchez.

No parece probable que nada de todo esto prospere, tanto por la dificultad aritmética cuanto por la obsolescencia de las leyes, redactadas en su momento para escenarios bélicos y traidores ajenos: no se contaba con que todo un presidente del Gobierno pudiera incurrir en delitos de este tipo, lo que llegado el caso quizá libraría al traidor de la Mareta de toda consecuencia penal.

Si no obstante se puede, y con independencia del resultado, sería muy conveniente llevar hasta donde se pueda esta iniciativa, por la carga simbólica que tiene más allá del desenlace. Porque, efectivamente, Sánchez es un traidor desde el primer minuto de su existencia política: se compró la investidura negada en las urnas a cambio de ayudar a prosperar a los enemigos de su país y, una vez logrado el primer objetivo, ha cumplido su parte del negocio.

Y fuera de nuestras fronteras igual, con siniestra complicidad con el chavismo, China (y por tanto Rusia), Hamás y, ahora, Marruecos, potencia invasora de Ceuta y tenedora del contenido del móvil de Sánchez, desconocido para nosotros pero quizá muy útil para Rabat.

La cuestión no es si se puede demostrar que la calamidad que nos desgobierna con trampas es un traidor técnicamente y que sus comportamientos encajan en los delitos tipificados, algo complejo de demostrar y de encausar con las leyes en la mano. El quid es que, para una abrumadora mayoría de españoles, claro que Sánchez es un traidor, se le pueda o no castigar por ello. Una vergüenza que a alguien digno le haría marcharse pero a un indecente le resbalará.