La ley como coartada

No termino de digerir la pasividad con la que asistimos a lo que sucede en Ceuta. No sólo nos han invadido: el gobierno estaba avisado, no hizo nada por evitarlo y tampoco parece dispuesto a remediarlo. Los ceutíes viven con miedo. Hasta el punto de que algunos se organizan por WhatsApp para salir a pasear acompañados. Les han racionado el pan ante la escasez. Hay menores de edad víctimas de violación y muchos otros que son enviados a la península por el temor de sus padres a que algo les suceda. La ciudad permanece militarizada y, aun así, el caos persiste. Las playas donde los ceutíes deberían disfrutar de un merecido descanso estival están invadidas por las chozas levantadas por los inmigrantes ilegales, rodeadas de basura, excremento y orines. Comienzan la transmisión de enfermedades infecciosas, los servicios sanitarios están saturados. ¿Importan más los derechos de quienes han cruzado de forma ilegal que los de nuestros conciudadanos? ¿Qué imagen proyectamos? ¿Qué mensaje enviamos tanto a los países cuyos ciudadanos aspiran a emigrar como a nuestros socios europeos?

La reacción instintiva, la más natural, ante acontecimientos de este tipo es exigir su expulsión inmediata por la fuerza. Al menos así ha reaccionado el ser humano desde siempre. Ser es defenderse, que diría Maeztu. ¿Por qué no sucede esto? La respuesta principal es sencilla: porque el gobierno no quiere. Algún día conoceremos los intereses que explican el juego del gato y el ratón entre Marruecos y España. Entretanto, se recurre a un legalismo convertido en coartada para no afrontar el problema de fondo.

Cada vez que alguien pregunta por qué no se actúa, aparece el mismo argumento: la ley no lo permite. Es una respuesta cómoda porque traslada toda la responsabilidad al ordenamiento jurídico. Sin embargo, entre lo que la ley impide y lo que un gobierno decide hacer existe un amplio margen político y diplomático. La política exterior, la negociación con Marruecos, la gestión de la frontera, los acuerdos de readmisión o la presión en las instituciones europeas también forman parte de aquello que solíamos llamar «gobernar».

Si la legislación española, la europea y los tratados internacionales no permiten deportaciones masivas ni «en caliente» es porque pretenden salvaguardar los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué hay de los derechos de los nativos a no tener que vivir todo esto? ¿En nombre de qué causa, sea o no temporal? Humanitaria no, desde luego, pues está claro que no cabe toda África en Ceuta. Ni en Ceuta, ni en España ni en Europa. Aunque se ha repetido hasta la saciedad que la mejor política migratoria es aquella que disuade de entrar a vivir de forma ilegal en el país, la laxitud persiste. En las costas, alentada por mafias oficiales y oficiosas. En Barajas, cabe pensar que por dejadez. ¿O de verdad cree el funcionario de aduanas que todo el que llega desde Perú alegando que viene de turismo tiene intención de regresar a los pocos días?

Ya sea por motivos puramente caritativos o económicos, el problema de la inmigración se va aplazando una y otra vez. Hasta el punto de que muchos comienzan a abandonar el país, como ocurre con rumanos o ucranianos. Ucranianos, con un país todavía en guerra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir apartando la mirada ante las mafias de tráfico de personas? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que Marruecos siga marcando los tiempos de la relación con España como parte de su –por otro lado, brillante– estrategia diplomática y geopolítica?

La respuesta la tendremos, en teoría, pronto. Si las últimas encuestas terminaran reflejándose en las urnas, PP y Vox podrían llegar a disponer de una mayoría suficiente para acometer reformas de gran calado e, incluso, plantear reformas constitucionales. La verdadera incógnita no es esa. Es saber si el Partido Popular está dispuesto a defender en el gobierno lo que dice defender en la oposición. Su dependencia del Partido Popular Europeo y su reciente acuerdo con el PSOE para el reparto de menas no invitan precisamente a confiar en ello.

Tendremos que esperar a un cambio de gobierno para comprobar si el obstáculo eran realmente las leyes o la falta de voluntad política para aplicarlas, reformarlas y defender los intereses de España. De momento, la actitud del PP no invita precisamente a la esperanza. Lo peor es que Ceuta no puede permitirse esperar.