Adiós clase media

Hay quien apuesta por marzo. Piensan que Pedro Sánchez llevará los presupuestos al Congreso y, cuando se los devuelvan, que lo harán si es que esta vez se atreve a presentarlos, se verá obligado a convocar elecciones. Lo hizo González en el 96, cuando Pujol le retiró su apoyo. Es uno de los protocolos no escritos de esta y cualquier democracia que se precie: si el Parlamento no respalda tu gestión de los dineros de los ciudadanos te vas. Pero este gobierno ya ha demostrado que la ley le concierne poco o nada, como para andarse con remilgos con las buenas maneras. Habrá elecciones en marzo si el presidente cree que puede conservar la Moncloa o, en su defecto, la trinchera en Ferraz para evitar que le descuarticen los que ya están rifándose sus restos. Puede también llamarnos a las urnas en mayo, para que los alcaldes le hagan la campaña que de otro modo no harían. Dicen que ha prometido no hacerlo, pero no tendrá empacho en mudar de opinión. Una vez más. O puede esperar a septiembre del año próximo, como sospechan en la oposición, para dar tiempo a que Conde-Pumpido le arregle el traje a medida de la ley de nietos que han puesto en cuarentena los jueces del Tribunal Supremo. Sea en tres meses, en nueve o en doce cuando le convenga llamarnos a las urnas, ya podemos concluir que dejará tras su mandato un país más inseguro y mucho más pobre. No hay quien arregle en el espacio de tiempo que resta de legislatura el desaguisado que ha organizado el digno heredero de Zapatero.

Si de algo se ha cuidado Pedro Sánchez desde que tomó el poder es de evitar que las autoridades europeas pusieran un solo pero a su gestión de las cuentas públicas. Debió salir escaldado de la abrupta salida del gobierno de su mentor, obligado por unos socios que observaban aterrados su mesianismo económico, con el país asomado al precipicio de la bancarrota. Con ese fin fichó a Nadia Calviño, que ha demostrado con creces que sabe conducirse con soltura por los vericuetos de la política comunitaria. No en vano, ella y su sucesor han evitado cualquier reproche a la ausencia recurrente de Presupuestos y a la oscurantista y errática gestión de los fondos de Bruselas. Será porque este gobierno, cuando cierre la puerta, dejará las arcas públicas rebosando de monedas. Al fin y al cabo, es lo que suele preocupar a los acreedores. Las está llenando a costa de arruinar a los españoles.

La pavorosa crisis de seguridad en Ceuta ha tenido la virtud para el gobierno de opacar otra, económica y con graves consecuencias sociales, que no es menor: el acelerado y abrupto empobrecimiento de las clases medias. Dos estudios independientes certifican la percepción subjetiva que podemos tener la mayoría de los ciudadanos. Uno es de Funcas, que asegura que, después de que la inflación haya crecido durante cinco meses seguidos por encima del tres por ciento, se va a disparar al cinco. La cesta básica de la compra, esa que Yolanda Díaz iba a arreglar en una semana llamando a capítulo a los dueños de los supermercados, se ha encarecido más del cuarenta por ciento desde que está al mando el que vino a denominarse a sí mismo «gobierno de la gente». Somos objetivamente más pobres. Algunos, pobres de solemnidad. Lo certifica un segundo estudio, de Fedea. Llega a la conclusión de que, descontado el gasto mensual del techo bajo el que viven, más de dos millones de españoles, la gran mayoría inquilinos, entran de lleno en la categoría de vulnerables. Sufren lo que se denomina pobreza oculta.

Cuanto más se encarece la vida y lo ha hecho sobremanera, menos gana el currito de a pie, pero más recauda Hacienda, que bate récord cada año. El poder adquisitivo ha caído hasta el extremo de que, para determinados niveles de renta, compensa recibir una subvención pública antes que madrugar cada mañana para ir al tajo. Puede ser reprochable socialmente. Incluso inmoral. Pero el gobierno lo celebra anunciando que más y más personas, hasta rozar los tres millones, perciben el ingreso mínimo vital. No es un descuido. Es la construcción consciente de un modelo que ya han aplicado en Andalucía. Y les mantuvo cuarenta años en el poder. Sólo cabe preguntarse si, cuando Sánchez convoque elecciones, sea en tres, en nueve o en doce meses, habrá quien todavía le pase factura por el desaguisado o si los que estaban dispuestos a hacerlo ya estarán comprados.