Pagar y callar

La Xunta de Galicia dedicará 2,6 millones de euros a la integración de 2.100 inmigrantes que han «salido a la luz» tras la regularización extraordinaria. El objetivo es lograr 500 contrataciones. Teniendo en cuenta que los políticos suelen hinchar las expectativas, podemos afirmar sin turbación que se van a invertir más de 2 millones de euros para una tasa de éxito del 25 %.

Habrá quien se indigne. Para mí, con razón. Otros dirán que, al menos, se conseguirá que una parte de esas personas regularizadas no sea una carga. Incluso pensarán que merece la pena la inversión porque, de este modo, se les aleja de comportamientos delictivos. Como si entrar ilegalmente en un país no fuera un delito en sí mismo, además de un agravio a quien lo hace cumpliendo con la ley.

Veamos los requisitos que pone España para un extracomunitario que desee vivir aquí. Para empezar, se le presupone la autosuficiencia económica y sanitaria. Es decir, deben tener ingresos suficientes para afrontar su estancia y un seguro sanitario, privado o público. Público, para los casos de inmigrantes contratados por cuenta ajena. En ese caso, el empleador debe justificar que, para el empleo que ofrece al extranjero, no ha encontrado a un español capaz de desempeñarlo. En suma: quien venga a España a ganarse la vida no puede ser, en absoluto, una carga. Lo mismo para quien viene por motivos de estudio.

¿Qué sentido poner estos (lógicos) requisitos y, al mismo tiempo, dejar pasar por Barajas y por el mar a cientos de miles de inmigrantes ilegales cada año? Por un lado, asumimos que un extranjero debe ser una ayuda, y no una carga para los españoles. Por otro, importamos personas que vienen en condiciones precarias y cuya aportación a las cuentas del Estado es negativa a lo largo de su vida (hay varios estudios hechos al respecto que lo demuestran).

Hace unos días descubrimos que el Gobierno rechazó eliminar el copago farmacéutico de los enfermos de ELA porque implicaría un aumento de 33 millones de euros en el presupuesto anual de gasto. El Estado, igual que una familia, tiene que hacer ajustes, es cierto. No son sólo los enfermos de ELA los que necesitan de apoyo, sino personas de todo tipo y cuyas condiciones resultan gravosas. El presupuesto tiene un límite. La pregunta es, ¿cómo se está administrando?

Cada partido político tendrá su criterio sobre lo prioritario y lo accesorio. Como todo españolito, tengo mi propia opinión al respecto. En España, el salario mediano es de 2.000€ al mes. El alquiler medio suele estar en torno a los 1.200€, 1.600€ en ciudades como Madrid o Barcelona. Si alguien desea independizarse deberá destinar un 40/50 % de su sueldo al asunto, cifra muy lejana del 30 % que aconsejan los expertos. Resulta natural que pocos puedan permitirse comprar una casa, ¿cómo ahorrar para el 20 %, más los impuestos, que no te financia la hipoteca? Sencillo, viviendo a base de pan y agua y sin desplazamientos: desde 2019, la inflación ha subido un 40%. La inflación, el enriquecimiento del gobernante: precios más altos, mayor recaudación por IVA. El Gobierno recauda más que nunca. ¿En qué lo gasta?

De entrada, se calcula que aproximadamente 2.000 millones de € anuales en Menas. Entre 750 y 1.000 millones en atención humanitaria y centros de extranjeros; 4.500 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo, de los cuales hemos dedicado cientos de ellos a Marruecos desde 2018, 100 millones en cooperación policial y migratoria desde 2018. Menos mal que lo hemos hecho, si no ya tendríamos Ceuta y Melilla ocupadas por «migrantes» desahuciados. ¿O no dijo Pedro Sánchez que, si no habían entrado más, era gracias al Gobierno marroquí y no al nuestro?

Hay quien, ante esta perspectiva, se le vendría a la cabeza la expresión castiza «además de cornudo, apaleado». La situación es peor. Te pueden engañar y vapulear una vez y tú, al menos, largarte con viento fresco. En España, además de cornudos y magullados, andamos pagando la fiesta a quien nos agrede e insultando a quien protesta, ¿Hasta cuándo lo permitiremos?