Esperpento y acción directa

La situación de la vivienda en España es inaceptable. Entiendo que alguna responsabilidad tendrá quien lleva casi ocho años gobernando. Hay razones para la indignación y la protesta, pero no para todo tipo de protesta. Existen el derecho de petición, el recurso de inconstitucionalidad (aunque el derecho a la vivienda es solo un principio rector de la política económica y social) y el derecho de manifestación. Pero es fácil que la protesta se deslice hacia la acción directa y, por lo tanto, hacia la ilegitimidad. Una cosa es la manifestación y otra la acampada frente a la sede del Gobierno autonómico. La acción directa es un procedimiento hostil a la democracia representativa que pusieron en marcha el sindicalismo y, más tarde, el comunismo y el fascismo. Consiste en intentar imponer, normalmente recurriendo a la violencia, una reivindicación que se estima justa, de manera directa, sin apelar a los mecanismos democráticos y parlamentarios, es decir, sin intentar convencer a los oponentes. Stalin y Hitler fueron dos grandes maestros en el siglo pasado. Naturalmente, la acción directa, si triunfa, entraña la quiebra de la democracia y el liberalismo político.

La nueva acampada en la Puerta del Sol de Madrid es otro caso de acción directa. En este se dan algunas circunstancias de carácter esperpéntico. El objetivo principal es acabar con los desahucios y aprobar una nueva legislación sobre la vivienda. Dejo de lado, las sospechas de la posible manipulación del Gobierno para desviar la atención ciudadana. No parece que hayan elegido bien el caso que ha provocado la detonación. La protección de las rentas antiguas fue parte de la legislación de Franco. Además del fomento de la construcción de viviendas públicas y de protección oficial. La legislación socialista limitó el derecho de los inquilinos y eliminó una de las subrogaciones a las que tenían derecho. Y este es, al parecer, el caso del que nos ocupa. La inquilina había decaído en su derecho hace varios años y tampoco es una indigente. Pero lo que hacía falta era el ruido.

Entre las propuestas de la extravagante política de vivienda que proponen los acampados, cuyas ansias de justicia no parece prudente poner en duda, se encuentra esta: los inquilinos pueden dejar de pagar sin ser desalojados, y sus contratos son vitalicios. En suma, la solución es sencilla: los inquilinos no pagan y quienes no tienen vivienda la ocupan. Aquí no hay nada de pequeños propietarios que intentan obtener alguna renta por su propiedad. No. Solo hay «buitres». Y si no hay un propietario que quiera arrendar en estas condiciones, siempre queda la expropiación forzosa y comunista. Pero construir más viviendas y en mejores condiciones económicas no se contempla. Cuando habla «la calle» deben callarse todos, incluido el Parlamento. Pero ¿cuántos son «la calle»? El mejor modo de resolver estas cuestiones cuantitativas es convocar elecciones y comprobar cuántos escaños obtiene «la calle». En cualquier caso, acampar no es un argumento, ni gritar consignas tampoco. ¿Por qué no exigen elecciones ya?

No creo que nadie esté en contra de que los ciudadanos tengan una buena vivienda, propia o alquilada, en condiciones asequibles. El problema es cómo hacerlo. Incluso los «buitres» necesitan que haya inquilinos que puedan pagar. Las buenas intenciones no garantizan el acierto ni construyen viviendas.

Los acampados anuncian la convocatoria de una huelga general. Naturalmente, no tienen legitimidad para hacerlo. Los sindicatos mayoritarios, sí, y parecen decididos a convocarla. Acaso asistamos al esperpéntico espectáculo de un Gobierno apoyando una huelga general contra la oposición o contra sí mismo. Tampoco sería tan extraño cuando una vicepresidenta del Ejecutivo llamó a la movilización ciudadana contra el Gobierno que ella vicepreside. En situaciones como esta (y, sobre todo, Ceuta, la corrupción y el desgobierno), lo mejor es el adelanto electoral y comprobar si se obtiene una «mayoría de progreso» o, por el contrario, una «mayoría de regreso». La soberanía nacional reside en el Parlamento, no en ninguna plaza ni calle por concurrida que esté.