¿Por qué la izquierda coquetea con la violencia?
En los últimos meses, las imágenes de disturbios, saqueos, barricadas en llamas y enfrentamientos violentos con la fuerza pública en ciudades como Barcelona, París o Milán no son hechos aislados ni meros arrebatos de descontento juvenil. Constituyen la manifestación visible de un fenómeno latente en el continente europeo: la normalización y la complacencia, explícita o implícita, de ciertos sectores de la izquierda con la violencia callejera como herramienta de acción política.
La democracia exige tolerancia cero ante la coacción, sin importar la bandera con la que intente justificarse.
Desde un punto de vista ideológico, en los sectores más ultras de la izquierda persiste una narrativa fundacional que legitima el desorden. Para estos grupos, la violencia no es vista como un quiebra de la convivencia, sino como un instrumento «transformador» o una respuesta inevitable ante lo que califican como violencia sistémica del Estado o del capitalismo. Bajo este marco conceptual, la quema de contenedores, la destrucción de bienes públicos y privados o el ataque directo a la policía se revisten de una épica que suele ir acompañada de una supuesta superioridad moral, transformando el delito en una manifestación legitima y necesaria de protestas «revolucionarias».
Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es únicamente la existencia de estos focos extremistas, sino la tibia postura de la izquierda institucional y de las fuerzas socialdemócratas, con partidos como el PSOE en España a la cabeza. ¿Por qué a la socialdemocracia le cuesta tanto, en todas las latitudes, condenar con rotundidad y sin matices este tipo de violencia?
La explicación reside en un arraigado "complejo de culpabilidad ideológica». Durante décadas, la socialdemocracia ha temido ser tachada de autoritaria, 'de derechas' o aliada de la represión, si respalda sin fisuras el orden público y la labor policial. Existe el chantaje emocional de no romper los «lazos de familia» con la izquierda radical. Por ello, ante incidentes graves, es habitual escuchar condenas tibias, rodeadas de evasivas, o el recurso sistemático a justificar los desmanes apelando a las «causas estructurales» o al «malestar social». Esta condescendencia actúa como un balón de oxígeno que desarmaría la autoridad moral del Estado.
Los efectos de este cuadro sobre la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho son devastadores. Cuando las autoridades titubean en la defensa de la ley y permiten que la calle sea tomada por la coacción y el temor, se vulnera la garantía fundamental que el Estado debe a sus ciudadanos: la seguridad y el libre ejercicio de sus derechos. La violencia impune erosiona la confianza institucional y transmite un mensaje peligroso: que la presión violenta logra concesiones que la vía democrática no otorga.
Resulta paradójico que quienes agitan constantemente el espantajo del «iliberalismo» y acusan a la derecha o extrema derecha de amenazar la democracia, sean al mismo tiempo benevolentes con el matonismo de sus compañeros de viaje. La realidad cotidiana en Europa demuestra un escenario inverso: no se ve en las calles a representantes o militantes de la derecha destruyendo el mobiliario urbano, hiriendo a agentes o infundiendo terror en la población. Asistimos a una suerte de disparate social donde la víctima es señalada y el agresor justificado: una verdadera escena del «ladrón persiguiendo al policía».
Es hora de desenmascarar estas posturas. Tolerar o matizar la violencia callejera por afinidad ideológica es la actitud verdaderamente iliberal y antidemocrática. La democracia exige tolerancia cero ante la coacción, sin importar la bandera con la que intente justificarse.
