Dios nos pille confesados

Las imágenes que llegan desde el lugar del accidente ferroviario, en las cercanías de Toledo, son verdaderamente aterradoras. La pregunta es cómo resulta posible, que en un país como este, segunda potencia turística mundial, y con un sistema ejemplar de trenes de alta velocidad, se haya llegado a este nivel de deterioro y decadencia. Las causas hay que buscarlas en cuestiones que se encuentran muy cercanas, como también, en otras algo menos visibles, pero igualmente importantes. Vamos por parte.

Resulta efectivo que el agonizante gobierno español que encabeza Pedro Sánchez es sin duda responsable de una administración deficiente del aparato público, como no se había observado en el último tiempo. ¿A qué país de este nivel le sucede algo de este tipo en tan corto periodo? Eso ya es muy extraño. Sin embargo, la respuesta parece clara: a uno que tiene las prioridades cambiadas, los recursos mal asignados y la responsabilidad política totalmente extraviada. De qué manera se explica que, después de ocho años, y en tan solo nueve meses, mueran tal cantidad de personas sobre las vías férreas, producto de la falta evidente de mantenimiento e inversión en nuevas tecnologías, como lo han dicho cada uno de los especialistas consultados.

Si lo anterior ya representa una irresponsabilidad para cualquier agente público, independiente de su nivel y cargo, lo inexplicable es que con motivo del choque de enero pasado, el ministro titular del área, Óscar Puente, no hubiera sido cesado en su cargo, como una manera de exigir responsabilidades y de restablecer la dañada confianza ciudadana.

España, en cualquier caso, tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras. Episodios como estos no pueden continuar repitiéndose ante la más absoluta impunidad.

Bye bye, welfare state

Sin embargo, seamos justos. El problema no se puede reducir a las incompetencias y desidias de este gobierno, por graves e irritantes que resulten y a pesar de los niveles alarmantes que aquí adquieren. Los síntomas del problema que evidencia esta tragedia española, no son exclusivos de este país, el problema que subyace está mucho más extendido, representa un verdadero cáncer que corroe el cuerpo, y que se extiende por buena parte del continente europeo.

¿A qué nos referimos ?

A esos vínculos que, aunque no evidentes a simple vista, existen entre este doloroso episodio y el malestar y su secuela de violencia, que se extienden, en estas mismas semanas, en las principales capitales y urbes del viejo continente. Europa se enfrenta a un choque brutal entre la realidad y una promesa política y económica totalmente quebrada e insostenible.

El diagnóstico es crudo e implacable: se acabó el dinero y el Estado del Bienestar (Welfare State), que funcionó como el gran mito pacificador de la posguerra, se está viniendo abajo, sin que haya emergido todavía un modelo y un relato que lo sustituya como opción política de cara a los ciudadanos. Financiado sobre la premisa de un crecimiento vigoroso, una demografía expansiva y una geopolítica plácida, hoy la Eurozona exhibe un estancamiento crónico. Las tasas de crecimiento son anémicas, la productividad no despega y el volumen de prestaciones sociales ha alcanzado proporciones que las arcas públicas sencillamente ya no pueden sufragar. La ecuación demográfica ha terminado por dinamitar el edificio: una población aceleradamente envejecida exige un gasto creciente en pensiones y salud que recae sobre los hombros de una fuerza laboral cada vez más reducida, lo que exige, como lo demuestra el choque de Toledo, postergar otras necesidades y modificar las prioridades públicas.

A esta encrucijada fiscal se suma el fin de la complicidad geopolítica. La defensa y seguridad hemisférica del continente está dejando de ser subsidiada por Estados Unidos. El paraguas se repliega y la factura del gasto militar —postergada durante tres décadas bajo el plácido manto de la Pax americana— reclama hoy recursos multimillonarios que inevitablemente deberán restarse del presupuesto social de cada uno de estos países.

Frente a este escenario catastrófico, los políticos y los gobiernos europeos , y en este sentido el español es paradigmático, optan por el cortoplacismo y la mentira

Como si todo lo anterior fuera poco, la gestión del fenómeno migratorio ha reventado las redes de protección social. La llegada masiva y desordenada de diversos flujos en los últimos años ha sobrecargado hospitales, escuelas públicas, servicios de asistencia comunitaria y mercados de vivienda, tensando la cohesión social en barrios golpeados y haciendo colapsar un sistema de bienestar diseñado para una realidad demográfica e integración muy distintas.

En este contexto, el gran problema es que la democracia representativa parece haber perdido su capacidad estructural para procesar y resolver los conflictos al interior de las sociedades. Los mecanismos institucionales tradicionales están agotados. La corrupción sistemática y la percepción de impunidad han distanciado radicalmente a la ciudadanía de sus instituciones, mientras que la discusión pública se ha polarizado al extremo, transformando el debate político en una trinchera ideológica donde el consenso es visto como una rendición.

Frente a este escenario catastrófico, los políticos y los gobiernos europeos, y en este sentido el español es paradigmático, optan por el cortoplacismo y la mentira: no se atreven a decirle la verdad a la gente. Prefieren maquillar los números, patear los problemas hacia adelante o apelar a retóricas voluntaristas antes que admitir que el modelo crujió. Bajo este manto de omisión deliberada, no se atisba ninguna buena salida posible a corto plazo y lo peor es que empiezan a asomar tragedias y colapsos de sistemas y fórmulas que se creían invulnerables.

La mala noticia es que, cuando las cuentas finalmente pasen a cobro, va a llegar la hora de la amarga tarea de asumir los necesarios ajustes de austeridad. Y ya sabemos el enorme costo social y político que ese rol de «adulto en la sala» trae consigo: manifestaciones brutales, parálisis legislativa, desgaste de las alternativas moderadas y , como el caso de Urda demuestra, muertes y dolor sin límites. Lo que se hace bien o no en el plano de la política pública no es neutral en la vida de las personas. Vaya lección. Si nadie actúa con coraje y verdad, Dios nos pille confesados.