No son accidentes, son crímenes
La catástrofe de Urda, y todas las demás, no se pagan solo en términos políticos: también en los penales
Óscar Puente sigue siendo ministro del Gobierno de España, y su jefe y promotor, Pedro Sánchez, no le destituye ni se marcha a continuación él. Tampoco han comparecido apenas en público para responder a cuantas preguntas quieran trasladarles los periodistas, en nombre de los ciudadanos que no pueden hacerlo, y cuando lo han hecho ha sido más para escurrir el bulto que para anunciar su dimisión. Y lo más importante: ni siquiera han ido a ver a los supervivientes ni a las familias de ellos o de los fallecidos.
Esta es la inhumana y brutal anomalía democrática de España: tiene un presidente que no gana en las urnas, no mantiene una mayoría parlamentaria, no aprueba Presupuestos Generales en toda una legislatura y, fruto de todo ello, no puede gobernar salvo en aquello que le imponen quienes le han aupado a La Moncloa para que les ayude en sus planes contrarios, sin excepción, a los intereses y necesidades del país.
Ese es el contexto en el que, en menos de diez meses, más de cien inocentes se han matado por hacer algo tan prosaico como subirse a un tren: en Adamuz la vía estaba rota y en Urda fallaron todos los controles y dos monstruos de acero se chocaron. También en los dos se produjo una reacción parecida de los responsables de todo: diluir las causas principales en un magma de motivos secundarios o directamente falsos para que pareciera una tragedia meteorológica fortuita e inevitable; y no la consecuencia de su incompetencia y del pecado original de asaltar un gobierno que no puede gobernar.
Para hacerlo todo más infame, el desastre ferroviario (y el de las infraestructuras en general) coincide con la mayor recaudación fiscal de la historia, con la que esta banda de inútiles sin corazón intenta consolidar un sistema clientelar en el que nada funciona, cierto, pero se puede aspirar a retener o directamente comprar el voto de todos los subsidiados posibles y completarlo con el de nacionalizados a capón, a ver si así salen las cuentas.
Un último ingrediente a añadir a todos los anteriores: en esa sentina, entre otras pero especialmente en la de Obras Públicas, han medrado la corrupción socialista y el caciquismo chavista de Sánchez, con una mezcla de tramas infames y de nombramientos nepotistas en la que aparecen las sucias pezuñas de los peores de cada casa.
Hay constancia de avisos constantes de los maquinistas en Adamuz, y está documentado que desde 2020 debía haberse implantado un sistema de seguridad en esa misma línea, que es la de Urda, con un coste similar al del mantenimiento de la flota de los Falcon y los Airbus, a los que nada les falta.
En los 325.000 millones de euros recaudados el año pasado, con esa voracidad confiscatoria de un depredador del esfuerzo ajeno que llama «escudo social» al saqueo de los trabajadores y el mantenimiento de sus potenciales clientes electorales, no se encontró la manera de instalar el humilde seguro que hubiera evitado esta nueva matanza.
Si lo juntamos todo y no escuchamos los cantos de sirena emitidos por los mamporreros de este triste Ulises para desviar la atención, lo que nos sale no se arregla siquiera con una dimisión colectiva de todos los sinvergüenzas implicados en esta catástrofe: aquí hace falta ya que lo paguen también en un juzgado. Esto no es un accidente, es un crimen.