Asesinos

El sanchismo ha llamado criminales y asesinos a Ayuso por los muertos en las residencias durante la pandemia, inferiores a los de otras comunidades gobernadas por socialistas; a Mazón por la dana, aunque Sánchez tiene la máxima potestad en catástrofes así y se encontraba de cena privada en la India con Begoña Gómez; a Aznar por el 11-M, como si él lo hubiera provocado; e incluso acusó al PP poco menos de estrellar el Prestige en la costa gallega.

El penúltimo ejemplo es bien reciente: Almeida, y un poco de nuevo Ayuso, fueron responsables del desahucio de Maricarmen y de su posterior fallecimiento, lo que les convertía automáticamente en sus asesinos: por eso se ha defendido y promocionado una acampada ilegal en la Puerta del Sol, a la puerta del despacho de la «doble homicida», un estímulo para todos los grupos de bárbaros que desde entonces han llevado la violencia a Madrid, Barcelona, La Coruña, Avilés o Pamplona; jaleados implícitamente por el sonrojante método de, además de no frenarlos, abrir expedientes a la Policía, calificada de represora y fascista en incontables programas en la «televisión de todos».

Ése es el contexto en el que, ahora, los mismos desalmados que llaman a rodear sedes de una forma u otra desde los tiempos de Zapatero, transformando el necesario análisis crítico de cualquier circunstancia con resultados terribles en una excusa para criminalizar y perseguir al rival político, piden que no se politice todo aquello en lo que la responsabilidad del Gobierno es mucho más nítida: Aznar no organizó un comando fundamentalista para que asesinara a casi 200 personas; pero Sánchez sí gestiona desde hace ocho años un servicio ferroviario lastrado, objetivamente, por la falta de Presupuestos; el deplorable mantenimiento y la baja inversión; el desprecio a los reiterados avisos de Adif y los trabajadores del servicio o la cadena de errores e infames desperfectos en las infraestructuras que le han costado la vida, en menos de diez meses, a 115 inocentes.

Salvo el episodio del Yakolev, en el que la gestión del transporte de militares fue infame y la posterior identificación chapucera de los cadáveres sí avala una contundente condena política de sus responsables; en todo lo demás es imposible encontrar una relación de causa y efecto entre decisiones u omisiones políticas y los apabullantes estragos derivados.

Y si la hay, nadie decente puede focalizarlas en un único responsable, algo especialmente obvio en el caso de la Dana valenciana: ya puede el coro rociero de Sánchez limitar los fallos a Mazón; que la Seguridad Nacional tiene la máxima jerarquía en episodios inmersos en el capítulo de las catástrofes climáticas, tal y como el propio Sánchez, el del Ventorro indio, definió por decreto presidencial.

A la ausencia de escrúpulos en capítulos trágicos anteriores se le añade una dejación de funciones escandalosa en los propios y una obscena manipulación de los efectos inherentes a esa desidia previa: con la pandemia nada se podía hacer, aunque se despreciaron los avisos para no suspender la batalla feminista del 8M y se alimentó con ello la mayor mortalidad de Europa en la primera ola. Con los grandes incendios, es el puñetero cambio climático ignorado por los negacionistas y no las políticas suicidas con vitola «ecologista» y la persecución del sector primario y del medio rural.

Con los apagones, las perversas eléctricas; como con la ausencia de vivienda asumible, los infames «fondos buitre», aunque en ambos casos todo el mundo algo leído sabe que el talibanismo renovable y el intervencionismo en la propiedad privada combinado con la falta de promoción de pisos explica bastante mejor el problema.

Y ya con las tragedias ferroviarias hemos alcanzado el clímax de la desfachatez, al señalar a un pobre trabajador como culpable de una cadena de despropósitos, de desidia dolosa, de corruptelas y de incompetencia extrema que ha llevado a la muerte a tantos pobrecillos.

Este PSOE llegó al poder por los trenes y se irá de él por los trenes, y es de esperar que además de justicia poética reciba, por todo ello, la que imparten los tribunales. Porque sus políticas sí son criminales.