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Nada de lo que dice el gobierno, y particularmente su presidente, es verdad. Tuvo unos breves segundos de sensatez en los últimos ocho años en un par de ocasiones: cuando dijo que la invasión de Ceuta es una violación de la integridad territorial de España y cuando, hace nada, reconoció que dos accidentes ferroviarios en menos de diez meses, con más de cien muertos, es inadmisible.

Se le pasó rápido y, al momento, empezó en un caso a darle la gracias al violador, Mohamed VI, y en el otro a anunciar que, ahora sí, se reforzará la seguridad y se cambiarán los protocolos, como si fuera jefe de la oposición y no presidente, para nuestra desgracia, desde hace ocho larguísimos años.

La dejación de funciones en el caso de Sánchez, que solo es presidente para atender los impuestos revolucionarios de sus socios, se combina siempre con un factor inmutable: la culpa es de otro. Generalmente de su rival político, por lo que supuestamente hizo en el pasado o por lo que hará si vuelve. Y cuando eso no cuela, de una fenómeno superior, impersonal e incontrolable que le salva a él igualmente de toda responsabilidad.

Los trenes se estrellan por la mala suerte o las privatizaciones de los fachas; los bosques arden por el cambio climático; los apagones masivos son culpa de las eléctricas; las danas de los Ventorros y así un largo etcétera en el que Sánchez aparece primero como testigo inocente de las tragedias y, finalmente, como primera víctima: «Yo estoy bien».

La realidad es que España lleva cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, lo que además de inconstitucional es suicida. Y que en ese tiempo Sánchez ha tenido más dinero que ninguno de sus antecesores, gracias al saqueo fiscal, la inflación y los Fondos Europeos y lo ha dedicado a estabilizar un sistema clientelar de captación de votos.

No ha arreglado una puñetera vía, pero ha dado cheques, paguitas, subsidios, ayudas, decretos y normas a todo aquel dispuesto a tragarse su orgullo y extender la mano a cambio de votarle a él, por muy inútil, incompetente, negligente y dañino que sea.

Es decir, Sánchez ha dedicado el dinero a construir una España de pega a su medida, despreciando a la España de verdad y utilizando el esfuerzo de los españoles auténticos para mantener a otros que se lo agradecen con un insulto y un voto en su contra.

Todo ello genera un país destrozado, esquilmado y enfrentado que no se repara con una derrota en las urnas, previsible pero no seguro: el presidente de las primeras veces, que ha practicado cada infamia inimaginable antes de él, también puede serlo para alterar el escrutinio de alguna manera, tal y como hizo dentro de su partido. No lo demos por seguro, pero no lo demos tampoco por imposible.

Por todo ello no bastará con derrotarle: también hay que auditar su legado, exponer sus vergüenzas a plena luz del día y hacerle pagar sin piedad todo el daño provocado. El castigo a Sánchez debe estar a la altura de los estragos provocados. No se merece una derrota, sí una especie de Nuremberg que siente en el banquillo todas sus inmundicias.