La reforma que promete autonomía...

La reforma de financiación autonómica presentada por el Gobierno se anuncia como un avance histórico. Pero detrás del lenguaje técnico y las cifras millonarias hay una realidad que nadie quiere nombrar: el ciudadano será quien pague la factura, y lo hará en silencio si no se abre un debate honesto, y sin maquillaje.

El Estado cede más IRPF e IVA a las comunidades. Sobre el papel, suena a autonomía. En la práctica, es un movimiento quirúrgico para desplazar hacia abajo la responsabilidad política. Cuando falten recursos, serán las comunidades quienes suban impuestos o recorten servicios. El Gobierno central quedará indemne. El ciudadano, atrapado entre administraciones, pagará más sin saber a quién exigir cuentas.

La segunda grieta es territorial. Esta reforma profundiza un modelo donde tu código postal determina tu suerte fiscal. No hablamos de matices: hablamos de desigualdad estructural. Un madrileño, un valenciano o un andaluz vivirá en sistemas fiscales distintos, con derechos y cargas distintas. La igualdad entre españoles se convierte en un eslogan vacío.

Y la tercera trampa es temporal. Los millones prometidos no aliviarán las listas de espera ni la dependencia. Llegarán en 2027 y se usarán para tapar agujeros. No para mejorar la vida de quienes sostienen el sistema con su cuerpo y su tiempo.

No basta con un debate honesto. Hace falta un debate valiente, que diga la verdad, sin eufemismos: esta reforma no es autonomía; es traslado de responsabilidad, fragmentación territorial y presión creciente sobre el ciudadano.