Caos e impotencia

La acampada en la Puerta del Sol tras un mediático desahucio pretende evocar el 15M de 2011 convirtiendo un polémico caso individual en un símbolo, utilizando de forma irresponsable a una anciana para perseverar en políticas que agravan el problema: prorrogas extraordinarias de alquileres, topes de precios, inseguridad legislativa y una legislación que carga sobre los propietarios responsabilidades del Estado. La acampada que hoy altera el centro de Madrid no es solo un problema de orden público, es el escaparate del fracaso estructural de un gobierno sobrepasado, de una política de vivienda errática, totalmente idealizada e inútil, cuando no contraproducente.

Mientras la ciudadanía se tensa, la ministra del ramo escenifica un auténtico «cacao mental» incapaz de aclarar sus propias iniciativas legislativas, mientras otra parte del gobierno convoca una rueda de prensa paralela y su vicepresidenta incita a manifestarse contra el gobierno al que pertenece. El Ejecutivo se enreda en un laberinto de contradicciones al solapar dos decretos sobre vivienda que, lejos de aportar certidumbre al mercado, se canibalizan y anulan entre sí. La sobrerregulación, la falta de rigor técnico y las prisas han creado un marco legal tan equívoco que ni sus propios impulsores aciertan a explicar.

Tratar de frenar la crisis de vivienda a golpe de eslogan y decretos no pactados y mal «cocinados» disminuye la oferta al desproteger a los propietarios y perjudica a quienes dice proteger. El problema es grave pero no insoluble, exige resultados, no propaganda. El ministerio en lugar de ofrecer soluciones reales y seguridad jurídica que incremente el número de pisos en alquiler, alimenta el conflicto social y la parálisis del sector. España no necesita ministras que se líen y no sepan ni lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, ni lo que se va a enviar al Boletín Oficial, sino sensatez, rigor legislativo y respeto a la propiedad privada, reconocida en el artículo 33 de nuestra Constitución.