04 de diciembre de 2021

A la cárcel por rezar frente a una clínica abortista

Ni los ciudadanos que acuden a las inmediaciones de una clínica son agitadores ni los médicos que se niegan a practicar abortos son insurgentes

El mismo Gobierno que va a derribar la ley de seguridad ciudadana para conceder impunidad a los alborotadores que a menudo incendian las calles, ultima en estos momentos una inaceptable reforma del Código Penal para convertir en delito rezar cerca de una clínica abortista.
Lejos de esconder esa contradicción, escandalosa por razones obvias, además presume de ello en el Congreso, vanagloriándose de su disposición a encarcelar a las personas que, sin presionar a nadie ni violentar nada, celebran vigilias pacíficas en favor de la vida e intentan convencer a las mujeres, con su mera presencia, de que hay otras alternativas a la terminación del embarazo, inhumana por definición.
El Código Penal ya tipifica todo tipo de coacción y la castiga con entre seis meses y tres años de cárcel, lo que evidencia la verdadera intención de esta reforma: perseguir al credo católico y restringir la libertad religiosa, algo expresamente protegido por la Constitución española.
La tutela que ese tipo de grupos intenta dar a las mujeres que se enfrentan a un trauma evitable, pero promocionado desde el Gobierno, no ha provocado denuncia alguna ni, desde luego, intervención judicial condenatoria en ningún caso.
Se da una asistencia espiritual que sería innecesaria si los poderes públicos convirtieran la vida en el centro de su responsabilidad, ofreciendo las alternativas que cualquier madre querría tener a su alcance para criar a sus hijos como lo hace, por ejemplo, la ministra de Igualdad, principal promotora de una cruel ampliación de la ley del aborto.
Que se legisle contra ese ejercicio pacífico de libertad mientras, a la vez, se anula la Ley de Seguridad para que los verdaderos alborotadores tengan barra libre a sus excesos; es un despropósito con pocos precedentes que perfila la catadura política y moral del Gobierno.
Ni los ciudadanos que acuden a las inmediaciones de una clínica son agitadores ni los médicos que se niegan a practicar abortos son insurgentes: se trata de seres humanos con conciencia, valores y un elevado sentimiento de altruismo que se niegan a aceptar, sin más, la agenda ideológica de un Gobierno que prefiere legislar a favor de la muerte que en defensa de la vida, sea con la eutanasia o con el aborto.
¿De verdad el peligro en España es un católico rezando respetuosamente en un espacio público en favor de la vida y no un antisistema encapuchado rodeando el Congreso con hogueras y barricadas en contra de la democracia? A esto hemos llegado. Y los responsables de ello son bien fáciles de localizar: basta con mirar a la Moncloa.
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