Un Gobierno contra la libertad de información
El ataque de Sánchez a la prensa lo es contra el conjunto de la democracia y hay que rebelarse
La reforma del reglamento del Congreso para acreditar o no a periodistas, impulsada con la excusa de expulsar al incómodo reportero Vito Quiles de sus instalaciones, esconde una intención mucha más perversa que la ya declarada, en sí misma infame.
Porque supone anteponer el inexistente derecho de un cargo público a no rendir cuentas al derecho innegociable a preguntar respetuosamente, sobre cualquier asunto, que pertenece a los ciudadanos y ejercen de manera delegada los periodistas en su nombre.
Vetar a Quiles, a quien hay que pedirle sin duda un escrupuloso respeto a las normas no escritas del periodismo, pero conocidas por todos, es otro paso más en la persecución de la libertad de información, resumida en un discurso inaceptable comandado por el presidente del Gobierno en persona: el de tildar de «máquina del fango» a toda aquella información cierta y documentada que, simplemente, exhibe sus vergüenzas y las de su entorno.
Esa coacción no resiste el escrutinio más elemental, pues contrapone a evidencias sólidas, investigaciones policiales e instrucciones judiciales una respuesta despectiva e inconcreta con la que, nada menos, se elude la exigencia básica de dar explicaciones y se sustituye por una causa general contra uno de los pilares de la democracia.
Si a ese discurso autoritario se le incorpora un impulso legislativo para convertir la impunidad en un derecho y la libertad de prensa en un exceso, el Estado de Derecho queda amenazado y los ciudadanos, depositarios del articulo 20 de la Constitución que protege el derecho a informar y ser informado, se reduce a cenizas.
Todo ello se completa con una ramplona explotación de los medios de comunicación públicos, convertidos en burdos aparatos de propaganda de los bulos gubernamentales, trampolines de sus persecuciones y blanqueadores de sus escándalos.
Y, de remate, se concluye con otra reforma legislativa que, con la excusa de desclasificar legajos del pasado, en realidad se aspira a proteger abusos del presente con el epígrafe de secreto de Estado para hacer aún más complicada la imprescindible rendición de cuentas.
El ataque sostenido de Sánchez a la prensa es idéntico al que perpetra contra la independencia judicial o contra la UCO, y se corona con un desprecio ya manifiesto al poder legislativo, presentado como una molestia cuando no reúne la artificial mayoría parlamentaria que permitió su espuria investidura.
El paisaje final es desolador, impropio de una democracia liberal y más parecido a regímenes tropicales donde parecidas obsesiones de los caciques que los encabezan tienen similares respuestas a las que ofrece Pedro Sánchez desde su atalaya autocrática. No denunciar todos estos abusos equivale a impulsarlos. Y ningún posicionamiento ideológico, legítimo en condiciones normales, justifica posicionarse al lado de semejante satrapía. En Europa, los presidentes dan explicaciones, no las exigen, y mucho menos legislan para transformar sus excesos en derechos y a los contrapesos en enemigos a extinguir.
