Un drama ferroviario que se había anunciado y nadie hizo caso

El choque entre dos trenes de alta velocidad operado por distintas compañías ya tiene un saldo provisional de 39 víctimas mortales, y para ellas debe ir el primer mensaje de lamento, oración, solidaridad y auxilio, con la certeza de que es casi imposible consolar a sus familias: es simplemente inaudito que se pierda la vida por viajar en un transporte en principio tan seguro, en un trayecto rutinario y en un país que, se supone, dispone de todas las garantías técnicas y recursos preventivos a su alcance.

Las fatalidades existen, especialmente si se agravan con errores humanos, pero no parece que sea el caso. Y si lo es, cabe recordar que el exceso de velocidad cometido temerariamente por el maquinista del Alvia en la curva de Angrois no disipó la responsabilidad política exigida por el PSOE, al considerar que la falta de mecanismos preventivos para ese tipo de situaciones supone un acto de negligencia en sí mismo.

Sin precipitarse en las causas, los responsables y las circunstancias, sí puede afirmarse que el contexto de esta inmensa tragedia ya era muy preocupante: los accidentes y las incidencias se han duplicado en los últimos años; las imágenes de trenes parados y viajeros abandonados en cualquier páramo se han repetido y las denuncias profesionales y sindicales sobre el estado de las infraestructuras se han convertido en norma.

Y, ante todo eso, la respuesta del Gobierno, a través de su impulsivo ministro Óscar Puente, ha sido la misma: altivez, desprecio y un tono insultante y negacionista; resumido en esa frase de que, frente a las críticas, en realidad España vivía el mejor momento de la historia de su ferrocarril.

Lo cierto es que, sea el mantenimiento, el deterioro de las infraestructuras, el exceso de operadores, la falta de medidas preventivas o todo ello junto y a la vez; no pude aceptarse que en un país europeo descarrile un tren e impacte además contra otro que circulaba en sentido contrario.

Y lo seguro es que, ante cada advertencia y cada suceso alarmante, la reacción del Gobierno ha sido tomárselo a chifla, denigrar las críticas y vanagloriarse de logros que nadie más percibe: el deterioro de las infraestructuras estratégicas en España, sea el ferrocarril, las autovías o los aeropuertos, es evidente a simple vista.

Todavía resulta más sangrante todo al recordar que el Ministerio de Transportes o Adif llevan meses implicados en casos de corrupción, en enchufes sangrantes y en adjudicaciones sospechosas, todo objeto ya de investigación judicial.

Y no sobra tampoco recordar que, ante dramas similares, los mismos que ahora pedirán paciencia y comprensión, señalaban a otros gestores públicos y les tildaban incluso de criminales, con independencia de las circunstancias.

Todas las explicaciones que se den serán ya pocas. Y todas las responsabilidades que se van a tener que asumir no serán muy útiles, pero al menos retirarán de la escena pública a quienes han mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Lo que urge es una profunda reflexión sobre cómo se gestiona en España el dinero público: cuanto más paga el contribuyente, peores son los servicios que recibe. Y en algunos de ellos, ya lo hemos visto, incluso se puede perder la vida.