Cómo convertir la política del Gobierno en argucia de confrontación
Agitando el espantajo de la ultraderecha el Gobierno desvía la atención de parte de la opinión pública para seguir apoyado por una alianza que, a su vez, lo utiliza para su política corrosiva
Tengo un hermano que vive desde hace tantos años en Países Bajos que ya habla el holandés como si no fuera español y habla el español con un deje de holandés. Me llama con frecuencia por motivos familiares, otras para preguntarme por política española. Lee los periódicos, pero, me dice: «No entiendo casi nada de lo que leo». No le cabe en la cabeza que en España se produzca una anomalía que no tiene parangón con lo que ocurre en los demás países europeos: «No entiendo cómo un Gobierno socialista necesita gobernar respaldado por extremistas de izquierda y por partidos anticonstitucionales. Un Gobierno tan débil que depende de que lo sostengan los que están en contra de la Constitución que lo legitima. Esto sería tan impensable en Países Bajos como una alianza antisemita o pronazi».
La situación de la política española ha llegado a ser la inversa de la europea. En Europa no hay riesgo ni queda margen para una colaboración entre partidos socialdemócratas con partidos comunistas. El comunismo está excluido en la teoría y en la práctica. En la teoría, porque no hay opción a incluir partidos totalitarios, y, en la práctica, porque su imposible cobertura electoral queda cubierta por partidos verdes y análogos. Signifique lo que signifique esta expresión, contener a la ultraderecha y apartarla del Gobierno puede ser una preocupación en Europa. Lo que, a mi hermano, ciudadano español y neerlandés, le resulta incomprensible es que un Gobierno que finge ser uno más en el tablero europeo sea una excepción respaldada por partidos de extrema izquierda, populistas, comunistas, independentistas y antisistema que ponen en jaque la unidad constitucional refrendada por los españoles durante más de cuarenta años.
Le explico a mi modo que, aunque el Gobierno centra su política comunicativa en alertar contra la ultraderecha, no lo hace como en Europa para prevenir los riesgos que pueda significar ese avance, lo hace para camuflar que está soportado por esos partidos extremistas, herederos de organizaciones terroristas o compuestos por nacionalistas fanáticos, que desafían abiertamente el pacto constitucional. Agitando el espantajo de la ultraderecha desvía la atención de parte de la opinión pública para seguir apoyado por una alianza que, a su vez, lo utiliza para su política corrosiva. El empeño del Gobierno es transmitir al electorado que su duración es la prueba de su fortaleza para frenar el populismo de la ultraderecha taponando los daños que causa la subordinación a sus socios.
El respaldo anticonstitucional del Gobierno constitucional alimenta una estrategia de división nacional propiciando motivos que puedan favorecer la progresión de la ultraderecha, siempre que ese progreso suponga un freno para la derecha más liberal o europeísta. No se encamina a buscar acuerdos con una oposición moderada, sino a jalear los motivos de confrontación entre quienes podrían propugnar la estabilidad cívica. Es una táctica para impedir la consolidación del consenso democrático entre oposición y Gobierno. No tiene por objeto la asunción de las reglas que aseguran el bien general conciliando un denominador común entre criterios ideológicos distintos, su objeto es exasperar las disidencias y el enfrentamiento como estrategia para mantener al Gobierno excitando los motivos de conflicto para arrinconar a la oposición.
Ya quisiera la democracia española tener como problema a una ultraderecha como Vox como sucede en Europa, y no tener que preocuparse de una ultraizquierda, entreverada de terrorismo y cómplice del ultranacionalismo fanático. Esta escisión del mapa español emponzoña la política desde que Sánchez ganó la moción de censura que causó una cesura en la convivencia. Es una escisión que fuerza a la oposición a presentarse, aunque no lo desee, como un bloque antagónico a una coalición gubernamental que ha hecho del conflicto un instrumento para mantener una alianza cuyo único punto de encuentro es el designio de permanecer en el poder al precio que haya que pagar a quienes lo sostienen.
Le envié a mi hermano un artículo que firma en El País Juan Luis Cebrián y un editorial de este periódico. Equiparan la llegada al poder de partidos antisistema con la deslealtad de la oposición hacia la política gubernamental. Dudo que este ejercicio de equidistancia pueda hacerse de buena fe cuando se pone como ejemplo de deslealtad la negativa a renovar el Tribunal Constitucional y el rechazo a la reforma laboral. La candidez no puede llegar al extremo de ignorar que el Gobierno fuerza este rechazo y esta negativa al poner a la leal oposición entre la espada y la pared de respaldar una alianza con partidos anticonstitucionales que rápidamente generaría un trasvase electoral de la derecha moderada a la más extrema. La ingenuidad tampoco puede ocultar que la auto renovación del Tribunal se hace imposible desde que el Gobierno limitó su capacidad resolutiva mediante una ley respaldada por quienes rechazan las garantías que Europa exige para la independencia judicial.
Le confieso a mi hermano que hay que reconocer que Sánchez es habilidoso en calcular cuánta tensión de los coligados para mantener al Gobierno puede resistir la cuerda que sostiene su debilidad gubernamental sin que se rompa. La política gubernamental ha dejado de ser un arte para administrar el interés general de los ciudadanos, reducida a una táctica de hasta dónde ceder a, o resistir sin que se note, la presión de los socios como prueba de solidez de su resistencia.
- Luis Núñez Ladevéze es profesor emérito del CEU
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