La política y la técnica

Llevamos muchos años introduciendo la política en la técnica y lo peor de esta práctica es que, muy probablemente, es intencionada; el efecto que causa esta intromisión es la falta de efectividad de la eficacia de los órganos técnicos en las decisiones de los políticos, responsables finales de estas, aspecto que finalmente sufren los ciudadanos, sujetos pacientes continuos.

Lo hemos visto en la pandemia de la COVID-19 en la que la anunciada existencia de un órgano técnico asesor, de carácter médico-epidemiológico, siempre referida, no existía y, por lo tanto, constituyó, presuntamente, el límite máximo de la citada confusión, el no apoyarse en órganos técnicos adecuados y hacerlo solo en personas probablemente de un cierto sesgo político.

El límite mínimo lo constituyen los gobiernos tecnócratas, soluciones gubernamentales, para momentos de cierta gravedad, que hacen necesario el alejamiento de la política de las cuestiones importantes, que antes manejaba de forma posiblemente mejorable.

Lo vimos también en el Departamento de Seguridad Nacional, órgano asesor técnico, responsable de transmitir, en su momento, datos fidedignos de la situación epidemiológica en la víspera de la manifestación feminista del 8 de marzo para, en su caso, dar la alarma a través del sistema de gestión de crisis, donde, al parecer, esos datos de contagiados eran bastante superiores a los referenciados oficialmente, y la citada manifestación, muy política, tuvo lugar con consecuencias posiblemente muy negativas.

Sin duda que otro ejemplo de «invasión» política en un órgano técnico es el propio Departamento citado, pues dedicado a la detección de los riesgos y amenazas, retenidas finalmente por el Consejo de Seguridad Nacional, no contempla algunas evidentes, como es el proceso secesionista en Cataluña, con el notable suceso del golpe de Estado y proclamación de la república catalana, efímera, y la huida del entonces Presidente de la Generalitat a Bélgica, donde continúa alentando la posibilidad de un nuevo «procés» y asegurando, junto con otros líderes de igual credo en España, que «lo volveríamos a hacer».

En este mismo nivel, tampoco se tienen en cuenta otras amenazas, distintas de los riesgos, pues hechos fehacientes las confirman, y es la de la actitud permanente de los creadores de opinión, e incluso de algún primer ministro de Marruecos, sobre la «ocupación española» de sus territorios en el norte de África, pertenencia de recursos energéticos y minerales en aguas territoriales de Canarias, en litigio, en incluso en algunos casos extremos, sobre sus apetencias sobre las Islas Afortunadas.

Los acontecimientos históricos contemporáneos, las iniciativas recientes de ocupación, quizás motivo de prueba de la reacción española al respecto, la utilización de la inmigración masiva hacia las plazas de soberanía, y también el enorme esfuerzo de rearme, cuando en el ámbito social tendría que invertir mucho más recursos, fundamentalmente enfocados, al parecer, a sus litigios con Argelia y en menor medida al Frente Polisario, pero presentes para ser empleados en los fines anteriormente descritos; sus apoyos incondicionales por parte de Estados Unidos, Israel y Francia, también, son elementos de la configuración de un riesgo/amenaza que solo la política es capaz de eliminarlo del catálogo de los técnicos.

El Centro Nacional de Inteligencia(CNI) tiene su propia ley que le marca los objetivos de funcionamiento, ligados a la consecución de los intereses nacionales y a la preservación de los mismos contra las agresiones de otros Estados y grupos competidores y hostiles, para ello debe percibir la amenaza, estudiarla y proponer los medios para hacerla frente, en especial al presidente del Gobierno del que depende funcionalmente; este aspecto cubre el ámbito del ciberespacio, con órganos técnicos apreciables, como el Centro Criptológico Nacional, también la Oficina Nacional de Seguridad y algún otro que no ha llegado a cristalizar por la política, como es el relativo al desarrollo de la capacidad de la Dirección del Centro como Autoridad Nacional de Contrainteligencia, esencial para completar desde el nivel superior la actividad en este delicado campo.

La posible eliminación del despliegue del Centro en zonas conflictivas de España, por las tendencias comprobadas de secesión violenta, no parlamentarias, constituye una intromisión evidente de la política en la técnica, dado que los técnicos deberían presentar a los políticos la configuración de esta amenaza, y los políticos decidir plasmarla en planes ad hoc, pero en ningún caso evitar que sea obtenida, elaborada y presentada.

La reciente crisis eléctrica, que provocó el célebre ya «apagón», célebre por la gran polémica que se sostiene todavía entre políticos y técnicos sin encontrar la causa de aquel, es un ejemplo paradigmático de este problema que se viene denunciando, con la diferencia de que, al haber causado un grave perjuicio a la ciudadanía, la política tiende a volcar sobre los técnicos todas las responsabilidades de las configuraciones eléctricas elegidas, cuando es aquella la responsable por su intromisión en lo técnico.

Las Fuerzas Armadas no se libran de este estigma, pues su análisis de lo necesario para defender a España de sus amenazas, eminentemente técnico (en su día el Plan Estratégico Conjunto), es transformado por la política o anulado, como lo fue aquel, nunca financiado, antecedente ahora de la necesidad de un rearme precipitado.

Ricardo Martínez Isidoro es general de División rdo. y escritor