Destrucción y pillaje, el legado de ETA

En apenas un mes se han producido en el País Vasco dos hechos muy preocupantes. El primero, el 17 de octubre, cuando la Ertzaintza detuvo a dos militantes de Jardun –coordinadora que continúa considerando válido el uso de la violencia para lograr un Estado vasco independiente y socialista–. En la detención de estos dos individuos les fue incautada información sobre objetivos policiales, planos de antiguos zulos de ETA y teléfonos encriptados. Las evidencias eran tan concluyentes que, cuatro días después, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretaba su ingreso en prisión sin fianza por delitos terroristas.

El segundo ha tenido lugar en Bilbao el día 26. Con la excusa de un acto convocado por un «activista político» considerado de derechas, varios centenares de jóvenes convirtieron las calles de la capital vizcaína en un campo de batalla. El balance, media docena de coches incendiados, comercios asaltados, transeúntes agredidos y policías atacados. Durante unas horas, Bilbao fue un caos en el que estos salvajes camparon a sus anchas, atemorizando a la población y profiriendo gritos a favor de la banda terrorista ETA. Pese a que la Ertzaintza detuvo finalmente a 17 personas, la sensación generalizada es que, de haber actuado antes, el impacto de estas algaradas habría sido mucho menor.

El día 27, el alcalde de Bilbao pretendió aprobar una declaración institucional de condena que no pudo salir adelante al negarse a firmarla EH Bildu. El «problema» del texto para la coalición es que en el mismo se condenaban los gritos de apoyo a la banda terrorista ETA. Hasta aquí los hechos tal cual se han desarrollado y a partir de ahora mi opinión sobre los mismos.

La detención de los dos militantes de Jardun y el despliegue de vandalismo y pillaje en Bilbao aportan una singularidad al País Vasco distinta a la violencia sufrida en Barcelona o La Coruña. La singularidad es que en nuestro caso seguimos padeciendo las consecuencias del legado de más de cuarenta años de terrorismo. No solo de la violencia directa con su reguero de muerte y destrucción, sino de la cultura política que durante toda esa etapa animó, justificó o disculpó el empleo de la violencia para la consecución de objetivos políticos. La negativa de EH Bildu a firmar la condena de las algaradas es una prueba evidente de lo que afirmo.

La gravedad de estos hechos debiera ser una seria llamada de atención para todos los vascos, pero especialmente para nuestras autoridades que, además de condenar, tienen la obligación de actuar para corregir estas situaciones. No pueden ser meros espectadores; se espera de ellos que adopten las medidas necesarias para corregir esta deriva antes de que sea tarde. Medidas que deben adoptarse en primer lugar en el ámbito educativo, pero también en el de la seguridad ciudadana y, sin duda, también en el ámbito político, excluyendo de cualquier acuerdo a quienes todavía hoy siguen disculpando el recurso a la violencia para hacer política.

Mientras el Gobierno vasco no se tome en serio abordar estas medidas, volveremos a ver nuevas detenciones de presuntos terroristas y padeceremos de nuevo jornadas de terrorismo callejero como la que acabamos de vivir. Quisiera equivocarme, pero mucho me temo que, como tantas otras veces, horas después de estos acontecimientos, el enfado y la preocupación de nuestros políticos desaparecerán y todo volverá a esta curiosa «normalidad» con la que nos han acostumbrado a vivir aquí.