Una vez más urge alguna explicación del ministro de la Presidencia y de Justicia, entre otras cosas. A las 72 horas del fin de la visita de Estado de los Reyes a los Países Bajos, nos enteramos de que una «descoordinación judicial/policial» deja en libertad al jefe de la mafia ultrapeligrosa marroquí que tenía amenazada a la Princesa Heredera de Holanda. Hasta el extremo de que, como reconoció el Rey Guillermo, le obligó a pasar un año de incógnito en Madrid bajo el amparo de la Familia Real española. El que esto se sepa justo ahora no es que sea lamentable, es que huele peor que mal.
La magistrada del Tribunal Constitucional ha sido ponente del auto que no niega el derecho Carles Puigdemont a ser candidato a presidente de la Generalidad a pesar de tener el DNI caducado, de no residir en España en los últimos cinco años, requisito que establece la norma, y de no estar inscrito en el Censo Electoral de Residentes-Ausentes. Todo eso son minucias para este Tribunal Constitucional. Lo relevante es que la magistrada y ex alto cargo de la Generalidad y del Ministerio de la Presidencia en el Gobierno de Pedro Sánchez cree que no se ha violado un derecho fundamental tutelable en amparo.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible fue, ataviado en vaqueros, chándal y zapatillas, a celebrar el día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros con la izquierda marginal. Y para entrar en plena sintonía con los asistentes, se refirió al Gobierno de la comunidad, elegido por la mayoría de los castellanoleoneses como los «señoritos de siempre» y reivindicó la revolución comunera de hace más de medio siglo. El sanchismo siempre en vanguardia.
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