06 de febrero de 2023

tribunaLuis E. Togores

Yolanda Díaz y Francisco Franco, legisladores mellizos

Ahora doña Yolanda, que seguro que ha mirado al pasado, comprende que aquellas leyes franquistas eran las buenas y por eso lucha por volverlas a implantar

Se rumorea que el regalo que el presidente va a hacer a su joven vicepresidenta (de solo 51 años, nacida el 6 de mayo de 1971) en Reyes Magos es volver a poner la estatua ecuestre de Franco en los Nuevos Ministerios. Doña Yolanda ha tenido la feliz idea de promover la congelación de los alquileres, medida progresista que ya se le había ocurría al dictador Francisco Franco hace tres cuartos de siglo. Idea que justifica sacar de los almacenes la estatua ecuestre del innombrable para ocupar el puesto que siempre tuvo.
Nuestra culta vicepresidenta, abogada laboralista en su vida anterior, seguro que estudió con detalle las leyes franquistas en la ampliación de estudios que realizó en Derecho Urbanístico y Ordenación del Territorio en la Universidad de Santiago de Compostela durante el curso académico 2006-2007.
Seguro que la brillante vicepresidente es consciente de que está copiando el modelo de vivienda social que implantó el franquismo en la época en la que los falangistas aún mandaban algo. Al fin y al cabo, los falangistas eran una especie de rojos raros que odiaban a los comunistas, socialistas y anarquistas pero que, como a doña Yolanda, no les hacía mucha gracia la visión del mundo en lo económico de las derechas. El Gobierno está pensando congelar los alquileres.
En 1954 en el BOE aparecía la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954, que luego sería perfeccionada por medio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo preámbulo decía: «El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político. A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década». Preámbulo que seguro que podía haber escrito nuestra vicepresidenta.
Ministerio de la Vivienda

Franco impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas, que dejaba parados en el tiempo los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos, haciendo como hace Sánchez caso omiso a la inflación, a la subida del coste de la vida y a la libertad de mercado. Las leyes de Franco eran consecuencia de ideario nacional sindicalista que impregnaba una parte de la dictadura. Política socialista, como ha descrito con acierto Francisco Torres. El franquismo, con estas leyes, pretendía garantizar viviendas a precio razonable, luego irrisorios, a muchos españoles. Una ley que castigaba a los ahorradores, y a las empresas, y que logró que España se convirtiese en el país de mundo con más propietarios de su propia vivienda al no haber mercado de alquiler. ¡Cosas de la Dictadura!
Con la llegada de los socialistas al poder con Felipe González, del PSOE a la Moncloa, estas leyes franquistas fueron lógicamente abolidas. El decreto Boyer 2/1985 de 30 de abril sobre medidas de política económica supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas.
Para completar este cuadro escénico historicista solo es necesario que nuestro ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta i Llorens, dé una subvención para volver a rodar la película El pisito: en el Madrid de finales de los 50 (o en el de 2020), con una España que a duras penas comienza a salir de la crisis provocada por la derechas en el Gobierno, donde las penurias económicas son frecuentes entre la población, Petrita (Mary Carrillo) y Rodolfo (José Luis López Vázquez) son pareja desde hace 12 años, pero no pueden emanciparse por falta de medios para adquirir una vivienda. La historia se repite en la actualidad. El papel de Petrita lo podría hacer Penélope Cruz y el de Rodolfo, su marido, Javier Bardem.
Ahora doña Yolanda, que seguro que ha mirado al pasado, comprende que aquellas leyes franquistas eran las buenas y por eso lucha por volverlas a implantar, rompiendo el legado del traidor vendido al capitalismo ministro Boyer, eso sí, adaptadas al siglo XXI, tiempos del banco europeo de Guindos, de los fondos buitre y de los okupas de Colau.
  • Luis E. Togores es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo de Madrid
Comentarios

Más de Tribuna

tracking