El Gobierno conspirando contra el Estado

Cada día España se parece más un país bananero y autócrata y menos a una democracia liberal. Recuerdo que hace unos meses en una rueda de prensa la presidenta Isabel Díaz Ayuso alertó de que una «dictadura no entra de un día para otro, sino que va poco a poco». Estas declaraciones hicieron que la izquierda y su nutrido equipo olímpico de opinión sincronizada arremetieran contra ella por exagerar y crispar el ambiente político. Pero no le faltaba razón alguna. El desmantelamiento de las democracias se inicia de manera paulatina, de forma que para muchos ciudadanos resulta imperceptible porque se hace por la puerta de atrás, en aras a acabar con unos problemas inventados por los gobernantes y con apariencia de legalidad democrática. Esto es lo que, lamentable, está sucediendo en España desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. El verdadero proyecto político de Sánchez es acabar con la democracia liberal, con sus instituciones, con la alternancia política en España y liquidar el orden constitucional de 1978 de ciudadanos libres e iguales. Vayamos a los hechos:

Primero. Todo político autócrata sabe que para actuar con total impunidad tiene que colonizar las instituciones que velan por la legalidad y la democracia. Sánchez ha asaltado la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas, la RTVE, el Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado, la agencia EFE, El CIS, Correos… hasta el Congreso de los Diputados lo tiene secuestrado. A día de hoy pocas son las instituciones que Sánchez no haya colonizado. Y cuando no ha podido manejar a su antojo a la institución y ésta ha actuado con independencia y en cumplimiento de su deber, se ha llevado a cabo por Moncloa y sus voceros mediáticos campañas de ataques, de hostigamiento, de señalamientos y de desprestigio como está pasando con el Poder Judicial y la UCO. Todo esto se ha confirmado en estas semanas cuando –gracias al trabajo periodístico de los medios libres e independientes, bendita la libertad de prensa, pilar fundamental en democracia– han sacado a la luz las cloacas del Partido Socialista Obrero Español y de La Moncloa: Toda una operación clandestina política y mediática para atacar a quienes investigan los casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno.

Segundo. Todo político autócrata rechaza las reglas democráticas de juego. Sánchez no iba a ser menos, porque solo le interesa el poder: Si tiene que triturar una condena judicial del Supremo para que sus socios le apoyen los presupuestos y reformar ad hoc el Código Penal, lo hace; si para acceder al poder tiene que otorgar impunidad para que lo apoyen, lo hace; si para intentar salvar a su entorno familiar y a su gobierno de los casos de corrupción se hace reformando la acusación popular; y si tiene que cambiar la Ley del Poder Judicial para poder tener más control sobre la base judicial, se hace colando por la puerta de atrás a afines y estómagos agradecidos.

Tercero. En un Estado constitucional y democrático, el imperio de la ley que define no lo es solo en cuanto al respeto al contenido material de la norma, sino además a su forma de elaboración, aprobación y aplicación. En los últimos años, estamos viendo cómo el Gobierno ha usurpado y ningunea al Poder Legislativo, bien privándole de sus funciones constitucionales como utilizando de forma abusiva y perversa el decreto-ley, previsto sólo para casos de «extrema y urgente necesidad». Solo en la última legislatura (2019-2023), de 229 normas legales, 100 fueron reales decretos- ley. En España ya no legislan las Cortes Generales, sino el Poder Ejecutivo. Y cuando el Parlamento legisla, lo hace por procedimientos carentes publicidad, de transparencia y de forma fraudulenta y evitando el pronunciamiento de informes preceptivos de los órganos de control como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

España se encuentra en una anomalía y deriva democrática desde hace siete años. Y cada día que pasa es peor que el anterior. Tenemos un gobierno acorralado por la corrupción, bulero, que antepone su relato a la verdad, huido, bunkerizado, que no da ni una sola explicación a la opinión pública sobre los escándalos que le rodean, que perdió las elecciones generales, que ha perdido el apoyo parlamentario, que no cumple con su obligación constitucional de presentar los presupuestos, que legisla de forma fraudulenta, mediante decreto-ley, que no respeta la democracia, las instituciones, el Estado de derecho y que actúa con prácticas más propias de una red mafiosa que de un gobierno democrático europeo. En definitiva, un gobierno conspirando contra el Estado. Mi pregunta es: ¿Qué tiene que pasar más en España para que este gobierno se vaya al garete?

Pedro Pineda Celis es graduado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide