Atilas de Sánchez
Me cuesta creer que esos mismos socialistas, en la soledad de su conciencia, acepten el inadmisible y notorio deterioro de los servicios públicos que se está produciendo en España y que parece no tener fin. Unos servicios públicos que, con mejores o peores resultados, siempre defendió el PSOE
Decían que donde pisaba el caballo de Atila, el rey de los hunos, no volvía a crecer la hierba. En la España actual se puede decir, sin temor a exagerar, que todos los ámbitos donde pisa el sanchismo quedan seriamente dañados y, en algunos casos, de forma prácticamente irreversible.
España tenía un sistema de Seguridad Social eficaz, ejemplar y accesible al ciudadano. Con el apoyo de un sistema informático muy desarrollado, las oficinas de la Seguridad Social atendían presencialmente a los ciudadanos sin cita previa y con razonable eficiencia. Fue llegar José Luis Escrivá (Atila Escrivá) a la cartera correspondiente y —alegando la pandemia (lo que no pasó con otros servicios públicos), la reducción del personal (con jubilaciones no cubiertas) y el impacto del Ingreso Mínimo Vital— los ciudadanos descubrieron que tramitar sus gestiones sobre pensiones o sobre sus cotizaciones se había convertido en una pesadilla, con unas oficinas de la Seguridad Social prácticamente inaccesibles durante muchos meses. Algo especialmente perjudicial para muchas personas desfavorecidas, con una situación económica muy precaria y con unos recursos informáticos (móviles modernos, acceso a internet, escáners, impresoras…) muy limitados o inexistentes.
El Gobierno socialista de Felipe González creó una red ferroviaria de alta velocidad, el AVE, que durante más de 30 años constituyó un orgullo para todos los españoles. Fue llegar Óscar Puente (Atila Puente) al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y caer en picado el prestigio del AVE ante la avalancha de averías, retrasos, miles de personas bloqueadas durante muchas horas en trenes parados… hasta el punto de que Renfe modificó las indemnizaciones que durante muchos años se habían pagado por retrasos. Un sistema fiable de transporte se había convertido en algo en el que la incidencia podía ser algo previsible y disuasorio frente a otros modos de transporte. Atila Puente no se inmutaba demasiado y, olvidando para lo que le paga el contribuyente, dedicaba lo mejor de sus energías a atacar a la oposición en las redes sociales.
El 28 de abril de 2025 se produjo el gran apagón, una interrupción generalizada durante 16 horas del suministro eléctrico en la España peninsular. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (Atila Corredor), había intentado hacer méritos ante Pedro Sánchez (Atila Sánchez, el jefe de los demás Atilas) forzando la aportación al sistema eléctrico de las energías renovables, sin las inversiones necesarias, lo que, junto con otras causas que alegó, provocó un desastre que causó muy graves problemas a millones de personas e incalculables pérdidas económicas.
El 2 de julio de 2025 se produjo una aglomeración inconcebible en los controles de seguridad del Aeropuerto de Barajas que pudo crear problemas de orden público y que hizo que muchos viajeros perdieran sus vuelos. AENA, empresa dependiente de Óscar Puente (Atila Puente), y el Ministerio del Interior, dirigido (es un decir) por el ministro Marlaska (Atila Marlaska), se echan las culpas mutuamente por un espectáculo impropio de un país que depende en buena medida del turismo.
El prestigio internacional de España ha alcanzado, gracias a Pedro Sánchez (Atila Sánchez) y a José Manuel Albares (Atila Albares), un nivel de deterioro cuya recuperación llevará muchos años. Un desprestigio que se ha extendido a lo largo y ancho de nuestras relaciones internacionales en los temas más variados: el cambio de posición sobre el Sahara Occidental, las ofensas gratuitas a Alemania y a Israel, las mentiras a la OTAN, la infame complicidad con el régimen bolivariano de Venezuela derrotado en las elecciones… España ha perdido mucha credibilidad en los foros internacionales y no va a ser fácil recuperarla cuando se vayan Sánchez y sus Atilas
Habrá, seguro, algunos socialistas que seguirán justificando, «con tal de que no llegue un gobierno de derechas», que Atila Sánchez y los partidos que le apoyan (sean nacionalistas insolidarios, herederos de Batasuna o los grupúsculos de una extrema izquierda en permanente fracturación) continúen su infame labor de intentar deteriorar el Estado de derecho: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de Estado, la independencia judicial, el sistema educativo, la libertad de expresión, la responsabilidad parlamentaria del Gobierno, las ruedas de prensa sin preguntas, e incluso sin periodistas…
Sin embargo, me cuesta creer que esos mismos socialistas, en la soledad de su conciencia, acepten el inadmisible y notorio deterioro de los servicios públicos que se está produciendo en España y que parece no tener fin. Unos servicios públicos que, con mejores o peores resultados, siempre defendió el PSOE y cuyo deterioro parece que no importa demasiado con tal que «la derecha no llegue al Gobierno».
Luis Peral Guerra es abogado y economista