Manifestarse el próximo sábado o atrofiarse: no hay tercera vía

Hay una pregunta que se formula siempre con el mismo gesto de superioridad perezosa: «¿Y eso para qué sirve?». Se dice desde el sofá, con el mando en una mano y la certeza en la otra de que la Historia la hacen otros. Se dice también desde despachos que prefieren un pueblo silencioso, porque un pueblo que camina, molesta, interrumpe el relato y obliga a contar cabezas.

Pues bien: manifestarse no es un entretenimiento cívico ni un derecho que se ejerce cuando apetece. Es una obligación. Quien aún tiene país, lo debe.

El derecho existe para que el Estado no te impida salir. La obligación existe para que tú no te lo impidas a ti mismo. Quedarse en casa mientras se liquidan fronteras, se pacta con quien niega la nación y se convierte la dignidad en un trámite administrativo no es prudencia. Es deserción disfrazada de realismo.

La utilidad no es misteriosa. Una calle llena no cambia un decreto al instante, pero cambia el precio político de seguir mintiendo. Hace visible lo que el aparato pretende presentar como residual. Obliga a filmar lo que preferirían resumir en tres segundos. Recuerda a los partidos que el voto no es un cheque en blanco de cuatro años. Y le dice al gobernante que el silencio ya no se puede vender como consenso.

Sirve, además, para otra cosa que el cinismo contemporáneo desprecia porque no se mide en escaños: despertar. Una mente inconformista rara vez nace en soledad. Se contagia. El ejemplo es la única pedagogía que no pide permiso. Quien ve a otro ponerse en pie deja de tener excusa para seguir sentado. La libertad no se hereda como un mueble: se ejercita o se atrofia. Y no hay despertar individual que no termine, tarde o temprano, buscando a otros despiertos.

La Historia no es un museo de coincidencias. El 2 de mayo de 1808 no fue un paseo: fue un pueblo que decidió que Madrid no se entregaba por decreto. Solidarność no derribó el comunismo polaco con un eslogan: lo hizo con obreros que salieron, persistieron y convirtieron el miedo en costumbre de libertad. El 9 de noviembre de 1989 no llegó porque alguien en Berlín Este se despertó inspirado; llegó porque miles se plantaron hasta que el muro dejó de ser dogma y pasó a ser vergüenza. Quien diga que «esto no sirve» debería explicar entonces para qué sirvió que salieran cuando les convenía quedarse callados. Servía para lo mismo que sirve ahora: para que el poder deje de confundir la resignación con la legitimidad.

Ya lo vimos el 23 de mayo. La primera Marcha por la Dignidad no derribó un gobierno, cierto. Pero hizo algo que el relato oficial no perdona: demostró que España no estaba dormida del todo. Que había miles dispuestos a recorrer el centro de Madrid para decir que Sánchez no habla en su nombre. Esa marcha no fue un final. Fue un primer toque de diana. Quienes aquel día dudaron y, aun así, salieron, empujaron a otros que todavía se preguntaban si merecía la pena. Por eso se vuelve a convocar. Porque una sola jornada se olvida; dos ya son costumbre de dignidad.

Y no estamos ante un capricho. Estamos ante un gobierno que ha convertido la supervivencia personal en programa de Estado. Que pacta con quienes sueñan con borrar España del mapa mientras exige lealtad a quienes la defienden. Que contempla Ceuta y Melilla como un problema de imagen y no como pedazos de soberanía. Que ha convertido la okupación en política de vivienda por omisión, la deuda en herencia obligatoria y la amnistía en precio de permanencia. Que maquilla cifras, compra silencios y llama «normalidad» a la erosión diaria de lo que aún queda en pie. Y que, para mayor escarnio, exhibe una cohorte personal y profesional que acumula más visitas a los juzgados que a la misma oficina a la que ni siquiera se dignan en acudir.

Manifestarse no es gritar por gritar. Es impedir que el relator oficial cierre el capítulo. Es decir, que Ceuta no se negocia, que Melilla no se diluye, que la unidad no es un eslogan de campaña y que las elecciones no se aplazan hasta que el censo, los pactos y las hemerotecas resulten más cómodos. Es recordar que un presidente que necesita socios que niegan el sujeto nacional no gobierna: administra una liquidación a plazos.

Este sábado 26 de septiembre, Sociedad Civil Española convoca de nuevo. Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa, Arco de la Victoria. No es un ritual. Es la demostración de que todavía hay españoles que no han aceptado el papel de extras en la película de su propia desaparición. Quien salió en mayo ya sabe por qué vuelve. Quien no salió entonces tiene ahora la ocasión de dejar de mirar.

Quien pregunte «¿para qué sirve?» ya tiene la respuesta: sirve para no acostumbrarse. Sirve para que el que ocupa Moncloa sepa que la calle no es suya. Sirve para que otras conciencias dejen de pedir permiso para indignarse. Sirve para que sus hijos no hereden solo deuda, fronteras porosas y la costumbre de agachar la cabeza. Sirve, en definitiva, porque un pueblo que se queda en casa termina por merecer el Gobierno que lo trata como mobiliario.

No es un derecho. Es una obligación. Y las obligaciones, cuando se eluden demasiado tiempo, se pagan con consecuencias irreconciliables.