El juez Calama sigue el rastro de la antigüedad de las joyas que Zapatero usa para defender que los delitos han caducado

Tres meses después de su declaración ante el juez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aportaba al juez José Luis Calama, previo ultimátum, una explicación concreta sobre el origen de las joyas valoradas, de manera preliminar, en 1,3 millones de euro. Y lo ha hecho, por escrito, para asegurar que el botín que la UDEF encontró en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz fue un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Sud, durante su etapa en La Moncloa. El hecho de que su patrocinador esté ya fallecido, complica la versión de Zapatero porque resulta imposible que se confirme la veracidad, o no, de la declaración. Por eso el magistrado instructor ha puesto el acento en un aspecto muy relevante del ajuar: la antigüedad de las alhajas, que podrían determinar la prescripción de los delitos -contrabando y fiscal- que se le imputan.

Resulta que lejos de demostrar su inocencia, Zapatero ha dejado claro que su estrategia no pasa tanto por conseguir la absolución, como por esquivar la posibilidad de ser juzgado. Lo que resulta, implícitamente, un reconocimiento de la comisión de los delitos que se le imputan en la causa principal de Plus Ultra y en las diligencias separadas que afectan a las joyas.

De hecho, el ex presidente trata de lograr la nulidad del proceso, en el primer caso, y la caducidad de lo ocurrido, por haber pasado mucho tiempo, en el segundo, situando el «obsequio», entregado personalmente, en 2007, cuando ambos coincidieron durante la estancia del monarca saudí en España, como resultado de una visita oficial con la que aquel Gobierno socialista buscaba blanquear la imagen de la teocracia . Y, ahora, el ex jefe del Ejecutivo, la suya propia.

Es, precisamente, este último detalle sobre el que el magistrado ha puesto el acento. Si el presente fue entregado en el marco de un evento institucional, en La Moncloa, al entonces presidente Zapatero por su condición de tal, no cabe asegurar que se trató de una «atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto».

Por no hablar de la cronología, en cuanto a la factura de unas joyas que la firma Yanes ya analiza para determinar si, en efecto, corresponden a una fecha de fabricación anterior a dicho año y si el origen es, por lo tanto, resultado de una actividad orfebre compatible con la monarquía saudita.

Mientras tanto, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que José Luis Rodríguez Zapatero debería explicar con claridad, en la Audiencia Nacional, el segundo aspecto comprometido del botín: cuál fue el destino de las joyas y por qué unos bienes de tan elevado valor acabaron formando parte de su patrimonio particular. Si, como todo apunta, las joyas le fueron entregadas en su condición de presidente del Gobierno, en el marco de las relaciones internacionales de ambos países y en representación de España, Rodríguez Zapatero está en la obligación de explicar por qué no las cedió al Patrimonio del Estado.

De hecho, fue en 2005, durante su mandato, cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno que establecía criterios sobre los regalos recibidos por las autoridades y representantes públicos, entre ellos los miembros del Ejecutivo, y que contemplaba que los obsequios de «mayor significación de carácter institucional» pudieran incorporarse a las arcas públicas. Aunque este catálogo de principios éticos no se reguló, a efectos legales, hasta 2013, loe expertos consideran que el Código aprobado dos años antes ya exigía que el expresidente aclare al juez por qué no cumplió con las normas recogidas en el mismo.