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tribunaCarlos Balado

¿Se facilita el ahorro en nuestro país?

Se impide ejercer ese control del gasto cuando no se acepta el efectivo como medio de pago, como ocurre en sectores de las administración públicas, y no tiene sentido limitar a 1.000 euros la cantidad máxima de pago en efectivo a la luz del nuevo marco europeo y de la preferencia acreditada por los consumidores

Con motivo del Día del Ahorro se impone una pregunta. ¿Se facilita el ahorro en nuestro país?

La respuesta puede elaborarse desde distintos ángulos, y uno de ellos es el cotidiano, el que nos permite ver qué tipo de facilidades o dificultades nos encontramos a diario para ahorrar.

La definición canónica dice que ahorrar es posponer el consumo, vivir por debajo de nuestras posibilidades en el presente a cambio de un mayor bienestar en el futuro.

El ahorro es fundamental para el crecimiento de la economía, ya que esta acumulación de capital es uno de los determinantes importantes de la inversión, y es tan determinante para el crecimiento económico que va más allá de las ideologías políticas y los sistemas económicos; de hecho, países con regímenes muy diferentes, como Corea del Sur y China, han crecido con rapidez como consecuencia de haber registrado tasas de ahorro superiores a la media del mundo occidental.

Como principio, para ahorrar a diario es necesario controlar nuestros gastos, sobre todo en una época de inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC se situó en septiembre en el 4,9 % interanual, seis décimas más que en agosto, y la inflación subyacente alcanzó el 3,1 %.

En este escenario, cobran especial importancia los llamados «gastos hormiga»: el café diario, el tabaco, una caña después del trabajo, las suscripciones a plataformas de streaming o los pedidos de comida a domicilio. Son pagos de escasa cuantía que parecen insignificantes de manera individual, pero que pueden suponer entre 600 y 1.100 euros al año, e incluso superar los 6.000.

Para conseguir ese control, el medio de pago resulta esencial. Por la economía del comportamiento sabemos que existe el «dolor de pagar», la incomodidad que se siente cuando el dinero sale de las manos y, según la evidencia empírica, se puede asegurar que el coste que se percibe en una compra depende de lo visible e inmediato que sea su pago, y el dinero físico une ambos momentos: las monedas y los billetes salen de la cartera al comprar y su ausencia se nota después.

Es también un hecho constatado que los hogares con menos ingresos prefieren el efectivo como herramienta para gestionar su presupuesto, y ese malestar que produce al ver que el dinero «desaparece», resulta especialmente útil para quienes más dificultades tienen para contener el gasto.

Ahora bien, para que el efectivo funcione como herramienta de control del gasto, tiene que poder utilizarse. El Banco de España constata que la aceptación del efectivo en el pequeño comercio y la hostelería es prácticamente universal, sin embargo, desde la perspectiva de las acciones diarias la situación es diferente.

Las quejas por no poder pagar en efectivo que llegan al canal gratuito de Denaria ponen de manifiesto que la Administración Pública concentra alrededor del 45 % de las reclamaciones por impedir el pago con monedas y billetes en ayuntamientos, piscinas públicas, polideportivos, museos o aparcamientos municipales. En el sector privado, los comercios, establecimientos de restauración, transporte ferroviario, líneas aéreas, o grandes superficies, también son objeto de reclamación por rechazar el pago con dinero físico, a pesar de que la Ley 4/2022 tipifica como infracción en materia de consumo la negativa a aceptar el efectivo dentro de los límites legales, con sanciones de entre 150 y 10.000 euros.

Otro freno a la posibilidad de controlar los gastos diarios es de carácter normativo. Desde julio de 2021, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal limita a 1.000 euros los pagos en efectivo en las operaciones en las que interviene un empresario o profesional, frente a los 2.500 euros anteriores. Se trata de uno de los topes más restrictivos de la Unión Europea, que a partir de 2027 fijará con carácter general un límite armonizado de 10.000 euros, aunque permitirá a los estados mantener umbrales inferiores.

Este límite impide que muchos hogares puedan aplicar a sus compras de mayor importe, como un electrodoméstico, una reparación del coche o un tratamiento dental, la misma disciplina que aplican a su gasto diario: ahorrar primero y pagar después con el dinero ya reunido.

Al no poder hacerlo, se ven empujados a medios de pago que separan la compra del pago, incluida la financiación a plazos, con el consiguiente riesgo de sobreendeudamiento.

Los pagos digitales tienen ventajas reales para compras grandes o a distancia y por eso es necesaria tanto la convivencia de todos los medios de pago como el predominio del derecho de los ciudadanos a elegir cómo quieren pagar.

Se impide ejercer ese control del gasto cuando no se acepta el efectivo como medio de pago, como ocurre en sectores de las administraciones públicas, y no tiene sentido limitar a 1.000 euros la cantidad máxima de pago en efectivo a la luz del nuevo marco europeo y de la preferencia acreditada por los consumidores. Fomentar el ahorro implica suprimir esas barreras.

  • Carlos Balado García es director general de Eurocofín