Nietos indignos de los exiliados

Lo primero que hay que aclarar antes de entrar a debatir sobre la desgraciada ley de nietos –que no solo es de nietos, sino también de biznietos e incluso, a la luz del abuso que se ha ejercido desde los consulados, de tataranietos– es que todos en España somos nietos de aquella guerra civil.

Nuestros abuelos participaron en ella; unos murieron en combate, otros fueron asesinados en la retaguardia y otros fueron víctimas de la represión antes, durante o después del alzamiento militar. Unos, los vencedores, ganaron la guerra y el país, y otros, los derrotados, perdieron ambas cosas y terminaron, cuando pudieron irse, en el exilio. Exactamente igual que habría ocurrido en el caso contrario. En ambos bandos se cometieron crímenes, y ahí están las cunetas de las carreteras, las tapias de los cementerios, los fondos de los acantilados o las fosas comunes. Hubo medio millón de muertos, abuelos potenciales cuya vida terminó cuando apenas estaba comenzando y que no pudieron tener siquiera descendencia, de manera que hoy habría millones de nietos que ni nacieron ni votarán ya nunca, ni en España ni en lugar alguno, víctimas de aquella tragedia.

En cuanto al exilio, con las debidas salvedades, a Hispanoamérica marcharon las élites intelectuales de los vencidos, mientras sus clases populares o se quedaron a sufrir la derrota en España o cruzaron penosamente la frontera de Francia, donde acabaron recluidos en campos de concentración de verdadero espanto: Argelès-sur-Mer, donde 300.000 republicanos españoles fueron abandonados y recluidos, es lo más parecido a un gulag mediterráneo.

Pero aquella tragedia nacional no se repara con una tramposa estratagema de ingeniería electoral en beneficio de unos partidos-buitre que se dicen herederos de los perdedores y se lanzan sobre sus despojos, sino poniendo las bases para que el enfrentamiento y el odio no puedan volver a desgarrar nunca más nuestro país.

Una cosa es que España pueda reconocer honores y distinciones como expresión de reconciliación y de reparación –porque España eran todos– y otra cosa distinta es convertir a quienes ni viven ni han vivido nunca en España en ciudadanos de preferencia: los que tienen derechos políticos, como el de sufragio, pero no asumen deberes, como los tributarios.

Ningún gobierno ha regalado de una sola vez la nacionalidad con derecho a voto a dos millones y medio de personas para que puedan irrumpir en avalancha en el censo y condicionar el resultado de unas elecciones. Votar sin haber vivido nunca en el país, sin conocer su realidad y sin contribuir al sostenimiento del gasto público no deja de ser un peligroso toreo de salón que no puede condicionar la vida de quienes realmente deben enfrentarse al astado. El censo electoral, como cualquier otro censo, no es más que un conteo, un registro administrativo de los que habitan un determinado lugar. Los censos tienen, además, importantes ecos tributarios (en Roma, el censo fue el impuesto que pagaban los censados en el territorio).

Los nietos del exilio forman parte de la realidad histórica de España, pero no de su comunidad política porque ni participan de nuestra vida nacional de forma alguna ni contribuyen a sostener lo común, que es el Estado.

El verdadero deber moral de España hacia los exiliados es que no puedan repetirse las condiciones que condujeron a una guerra fratricida y terminaron con ellos al otro lado del Atlántico. Lo cual es exactamente lo contrario de lo que está haciendo la izquierda que nos desgobierna: sembrar la discordia civil, alentar el odio político, fomentar identidades excluyentes y desatar la violencia en las calles.

«No habrá paz en las calles», ha bramado la diputada Bergerot con la mirada perdida en la iracundia y la fiereza de los locos políticos que incendian un país. Raptada por el imaginario revolucionario de La Libertad guiando al pueblo se dispone esta gente a arrojar a los jóvenes a una nueva tragedia griega, mientras los aprendices de brujo del socialismo español mueven sus piezas del ajedrez electoral. Pereat mundus…parecen murmurar mientras realizan, siniestros, sus cálculos de poder.

Como ya no pueden gobernar el país, han decidido hacerlo ingobernable y además invivible.

Si algo unió a los perdedores y a los vencedores de la Guerra Civil a la muerte de Franco fue el afán reconciliador. Esa actitud purgó los errores, los excesos, los disparates pasados de unos y de otros. Nadie como los exiliados aplaudieron la operación política de la Transición. De Salvador de Madariaga a Corpus Barga, de María Zambrano a Francisco Ayala, de Rosa Chacel a Jorge Semprún, todos ellos celebraron la concordia política y la grandeza nacional del olvido.

De seguro, aquellos exiliados españoles se revuelven ahora en sus tumbas ante el comportamiento de esta izquierda que ha decidido dinamitar la convivencia porque va a perder el poder.

O nosotros o la violencia y el caos: a eso se resume la campaña política de estos indignos nietos del exilio.