Uno de los jueces del caso Becciu en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos
Caso Becciu: el exsupervisor financiero del Vaticano defiende su gestión ante la Justicia
La Fiscalía le acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio. Este miércoles 27 ha defendido su gestión en la operación de compraventa irregular de un lujoso edificio
Tommaso di Ruzza, uno de los nueve imputados en el caso Becciu por la compraventa irregular de un lujoso edificio en Londres en 2014 y supuestas irregularidades financieras y antiguo director de la Autoridad de Supervisión Financiera del Vaticano (AIF), ha defendido su gestión en un interrogatorio en los tribunales vaticanos que ha durado más de cuatro horas.
«La AIF actuó correctamente, dentro de los límites de su mandato, y con respeto a las prerrogativas del IOR», ha declarado en la decimotercera audiencia de este proceso judicial. Di Ruzza ha declarado ante los jueces de la Santa Sede en defensa de su actuación al frente del órgano de vigilancia de las operaciones financieras vaticanas. «Siempre he actuado exclusivamente en interés de la Santa Sede, de acuerdo con el mandato que se me dio y dentro de los límites de la información disponible», ha afirmado.
El exdirector de la AIF es el cuarto acusado que se sienta al banquillo y responde a las preguntas de la fiscalía y la defensa. El quinto será Enrico Crasso, cuya audiencia fue pospuesta por la petición de nulidad de su abogado, Luigi Panella, por no haber tenido acceso a toda la documentación incautada.
No es la primera vez que la defensa solicita la anulación del juicio. Varios de los abogados implicados en el caso –incluido el de Becciu, Fabio Viglione–, habían denunciado que no habían podido visionar las grabaciones en vídeo del interrogatorio de Alberto Perlasca, principal informante en este caso, que reconstruyó ante los fiscales la trama para ayudar a la investigación.
El juicio continuará el próximo 5 de mayo, día en que tendrá lugar el interrogatorio al cardenal Becciu. Cabe recordar que el Papa Francisco eximio al purpurado del secreto pontificio para que pueda aclarar el rol de otras de las acusadas, Cecilia Marogna, quien fura asesora diplomática de la Santa Sede. Este es la obligación de guardar silencio sobre temas relativos al gobierno del Vaticano, en el que Becciu se escudó la última vez que fue llamado ante el juez para no declarar sobre la contratación de Marogna.
Sobre el caso Becciu:
El que es el primer proceso judicial a un miembro de la curia romana busca esclarecer las responsabilidades de la compraventa, terminada en estafa, de un edificio en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros por la que el Vaticano fue extorsionado y tuvo que presuntamente pagar al broker Gianluigi Torzi para continuar con la operación. Por ello, la Santa Sede ha estimado unas pérdidas de 217 millones de euros.
La operación se inició con una red de financieros y consultores en 2014, cuando el italiano Angelo Becciu ejercía de sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales, es decir, el hombre de confianza del Papa en la administración vaticana.
El Santo Padre le dio la dignidad cardenalicia en 2018, pero acabó retirándole sus derechos por este escándalo.
Por esta gestión opaca de los fondos de la Secretaría de Estado vaticana, han sido imputados un total de diez personas: Becciu, Crasso, di Ruzza, Marogna; junto al bróker Gianluigi Torzi, el expresidente de la AIF René Brülhart, el exsecretario de Becciu Mauro Carlino, el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.
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