El cardenal Cobo escribe en defensa de la libertad religiosa tras la polémica de Jumilla: «Debe ser acogida»

Jumilla, una localidad murciana con cerca de 27.000 habitantes y notable diversidad cultural –hasta 72 nacionalidades distintas conviven en su término municipal–, continúa en el foco mediático.

Tras aprobarse, el pasado 28 de julio, una moción que restringe el uso de las instalaciones deportivas municipales para la celebración de actos religiosos –algo que implica un veto directo a fiestas islámicas como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero–, el Gobierno central ha enviado este lunes un requerimiento a este ayuntamiento con el que impugna la moción y da un mes de plazo –hasta el 11 de septiembre– para que el gobierno local dé marcha atrás, o el caso será elevado, a través de la Abogacía del Estado, a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Este episodio ha suscitado numerosas reacciones, tanto en el ámbito político como en el religioso y social, dada la complejidad que plantea la convivencia en una sociedad cada vez más plural. En este sentido, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha publicado un artículo en Agenda Pública en el que analiza el «desafío de la convivencia religiosa en una España plural».

Así, el prelado, con un largo recorrido en materia migratoria pues fue responsable de dicho departamento en la Conferencia Episcopal Española (CEE), reflexiona sobre «el sentido de la presencia de las religiones en la vida pública, y con ello, sobre la llamada laicidad positiva del Estado: ello implica la no confesionalidad, pero sí el respeto fundamental hacia las creencias y convicciones de los miembros de la sociedad, sin retrocesos en lo ya logrado».

Advierte también que las diferentes religiosas y la misma CEE hablan desde su legítimo derecho a aportar y explicar su mirada a la sociedad y matiza que «la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes».

Por ello recalca que «es tiempo de recordar que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada». Es en este respaldo «donde aparece el Estado para armonizar y facilitar las diferentes expresiones religiosas permitiendo que las personas vivan su fe como un bien para la sociedad».

El ejemplo de Jumilla ha puesto de manifiesto esta cuestión de fondo: cuando en un municipio hay más de 1.500 nuevos vecinos trabajando e integrándose, «¿no es lógico armonizar la convivencia teniendo en cuenta los derechos fundamentales de todos?». De esta forma, «el bien común exige crear condiciones para que todos los miembros de la sociedad desarrollen su potencial, respetando la libertad y la diversidad», advierte el arzobispo de Madrid.

El peligro de «relegar la religión al ámbito privado»

Ante las diferentes reacciones que ha suscitado esta polémica, Cobo responde a una en particular: «Muchos dicen que las religiones no debemos hablar, o que debemos mantenernos al margen de lo que pasa en la sociedad», recoge para luego advertir que «uno de los riesgos actuales es relegar la religión al ámbito privado, considerándola una convicción meramente íntima o reduciéndola al espacio único de la libertad de conciencia».

No obstante, a su parecer, «no es complicado proclamar que las religiones pueden aportar valores, elementos sapienciales y motivaciones que enriquecen la vida pública y fortalecen la cohesión social», algo que ni es «colonización religiosa de la cultura ni una nueva forma de confesionalismo religioso», indica en este artículo publicado en Agenda Pública.

De manera que si se acoge «acríticamente» esa privatización de lo religioso, «estamos a un paso de considerar la fe y las creencias como algo meramente íntimo, hasta solamente sentimental, cegando su enorme capacidad para enriquecer el desarrollo del bien común, como se ha visto en la historia de la humanidad», sentencia.

Una laicidad positiva

Por otro lado, entender «la laicidad del Estado» como una «laicidad positiva», tal y como se defiende en el documento La libertad religiosa frente a nuevos desafíos (2020), «no encapsula la religión en el ámbito de lo privado ni excluye su participación activa en el espacio público, como con demasiada frecuencia se propone por muchos sectores», subraya el cardenal Cobo.

Así pues, «hablar de laicidad no es abordar una asepsia tintada de neutralidad que invisibilice o excluya el hecho religioso, como si fuese ajeno a la vida social», sostiene. «No se puede olvidar que la libertad religiosa se refiere tanto al sujeto que la práctica como a la confesión religiosa que la pone de manifiesto en el ámbito público, sin más límite que el respeto a la ley legítima y al orden público».

Por ello, «las fiestas religiosas, las manifestaciones de la fe, son portadoras de valores útiles para la convivencia» y que, efectivamente, «se pueden armonizar siempre con criterios de consenso y con respeto al marco constitucional que nos hemos dado», incide.

Así, «el uso ordenado de un polideportivo para unas tradicionales fiestas religiosas, de familia y vida de fe no parece perturbar la convivencia de una población con una presencia tan significativa de pluralismo religioso», reflexiona.

Para finalizar, en su análisis afirma que manifestaciones públicas como «una procesión católica arraigada en una fuerte tradición» o «una fiesta del cordero en el seno de una población con presencia significativa musulmana» no deben percibirse como amenazas. Al mismo tiempo, advierte que fomentar el temor hacia lo distinto tampoco contribuye al bienestar común.

En ese sentido, subraya que «es el Estado quien asume la bandera de posibilitar la vida de los ciudadanos, los que ya viven y los que llegan», y para ello debe promover la diversidad desde un enfoque integrador y no restrictivo, velando por el respeto a la pluralidad y garantizando especialmente los derechos de las minorías. Asimismo, advierte que los extremismos religiosos, los populismos, las visiones reduccionistas y la instrumentalización del miedo desvirtúan la función de la religión en el espacio público.