El Gobierno presenta ante los tribunales como «formalizado» el acuerdo con el arzobispo de Madrid sobre el Valle de los Caídos

El pasado 20 de enero, El Debate publicó en exclusiva un documento firmado tanto por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como por el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo. En el encabezado de esta misiva, que no había sido mostrada hasta la publicación en este medio, se puede leer: «Términos del acuerdo acerca de las intervenciones que recogerá la licitación del concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros».

Un «acuerdo» que, a pesar de carecer de validez legal, ha sido presentado por el Gobierno ante los tribunales para esgrimir que tienen el visto bueno por parte de la Iglesia para actuar sobre la basílica pontificia del Valle de los Caídos. El Debate presenta en exclusiva una serie de documentos que demuestran los intentos por parte del Ejecutivo de sortear las reclamaciones judiciales argumentando tener una suerte de consensos, acuerdos y permisos que solo la Santa Sede podría conceder, algo que no ha ocurrido.

La existencia de este «acuerdo» entre el Gobierno y un representante del clero, que fue firmado por Bolaños el 4 de marzo de 2025 y por Cobo el día posterior, marcó el inicio de un proyecto de «resignificación» del Valle de los Caídos con el que el Ejecutivo busca seguir sacando rédito político de este complejo monumental. Ya actuó movido por estos intereses partidistas con las exhumaciones de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ambos enterrados hasta 2019 y 2023, respectivamente, en lugares destacados dentro de la basílica pontificia.

En los últimos años le ha tocado el turno del señalamiento a los monjes de la abadía benedictina del Valle y a la propia identidad católica del lugar. En los términos plasmados en el «acuerdo» refrendado por el cardenal, a pesar de recogerse que «se conservará como espacio destinado al culto la zona que ocupa el Altar y las bancadas adyacentes», el segundo punto del documento ataca directamente a la religiosidad del templo: «El resto de los espacios del interior de la basílica (vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula) no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación». Por lo tanto, las capillas adyacentes —en una de ellas se encuentra el Santísimo—, la entrada, la cúpula o el vestíbulo, según este documento, quedan fuera de cualquier protección.

Una vez el «acuerdo» vio la luz, el arzobispo de Madrid ha manifestado no tener la capacidad para legitimar al Gobierno a realizar ningún tipo de obra en el complejo monumental. Con esta aseveración se desprende que el «acuerdo» firmado por Cobo carece de ningún tipo de validez legal, un posicionamiento acertado, ya que la única autoridad que puede tomar decisiones sobre una intervención arquitectónica o una «resignificación» de una basílica pontificia es el Papa.

La «resignificación», en el juzgado

Como ya informó este medio el pasado enero, son varios los recursos interpuestos por diferentes asociaciones y particulares ante los diferentes hitos anunciados por el Gobierno en este proceso de «resignificación». Tanto el anuncio del «Concurso internacional de ideas para la resignificación», como el proyecto ganador 'La Base y la Cruz', y como la propia intervención de un templo sacralizado han sido recurridos ante la Justicia.

Estas reclamaciones judiciales se fundamentan en tres aspectos. El primero, la «resignificación» no cumple bajo ningún concepto con los preceptos del Derecho Canónico. Segundo, una intervención por parte del Estado en un templo sacralizado sin permiso del Vaticano atenta contra los acuerdos internacionales entre España y la Santa Sede y, por último, cercenar la libertad religiosa modificando la entrada al templo y creando «espacios museísticos» dentro de la basílica supone una violación del artículo 16 de la Constitución Española.

Reacción del Gobierno

Ante uno de los recursos contra la convocatoria del «Concurso internacional de ideas» interpuesto en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales —que es un órgano administrativo y no judicial dependiente del Ministerio de Hacienda—, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) emitió un informe en el que exigía que se desestimara cualquier petición de los demandantes.

Este escrito del MIVAU, firmado por Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana y amigo de la infancia de Pedro Sánchez, fue tenido en cuenta por el órgano dependiente de Hacienda y, en consecuencia, el Estado se otorgó la razón a sí mismo para continuar con su proceso de «resignificación».

No obstante, el recurso fue elevado a instancias judiciales (al igual que otros recursos), iniciando así un proceso que mantiene en pausa las acciones sobre el Valle de los Caídos. Ya ante la autoridad judicial, el Gobierno ha presentado diversa documentación con la que trata de demostrar que su proyecto de intervención en el Valle cumple con todos los requisitos legales pertinentes y, entre toda esa información entregada, se encuentra el citado informe del MIVAU.

La única autorización del Gobierno

Desde que el Gobierno lograra en el mes de marzo de 2025 que el arzobispo de Madrid estampara su firma en el documento con los «Términos del acuerdo» para la «resignificación», el Ejecutivo ha utilizado este escrito para asegurar, de cara a la opinión pública, tener el beneplácito de la Iglesia para acometer sus intervenciones sobre el Valle. Pero, ahora, con el informe que publica El Debate, se demuestra que la firma de Cobo -a pesar de que el propio arzobispo se ha señalado a sí mismo como carente de autoridad- es la única autorización que el Gobierno tiene para proceder con la «resignificación» del Valle de los Caídos.

«El acuerdo alcanzado por las partes (Gobierno e Iglesia) se ha formalizado, con fecha 4/3/2025, entre D. Félix Bolaños García y el Sr. José Cobo Cano», esgrime el documento. Igualmente, este informe asevera que «el Acuerdo formalizado con el representante de la autoridad eclesiástica recoge las condiciones de uso del espacio interior de la basílica», y concluye: «En consecuencia, se solicita la inadmisión a trámite de todos los recursos arriba relacionados».

Por lo tanto, el Gobierno ha presentado ante los juzgados un documento elaborado por un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda para asegurar que la firma estampada en un «acuerdo» por José Cobo es suficiente para autorizar al Estado a intervenir en el Valle de los Caídos, tanto en el interior como en el exterior, dejando únicamente a salvo «el Altar y las bancadas adyacentes».