El Gobierno niega información sobre el Valle de los Caídos alegando que «perjudicaría» su relación con El Vaticano

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una actitud beligerante contra la Iglesia en general y contra el Valle de los Caídos en particular, haciendo de la «resignificación» de este complejo monumental una bandera que enarbolar cuando le conviene distraer la atención de otros asuntos.

Los grandes anuncios que realiza el Ejecutivo cuando necesita una cortina de humo que desvíe el foco mediático de aquello que no conviene al Partido Socialista contrasta con el ocultismo y hermetismo que mantiene con la situación del Valle el resto del tiempo.

Desde El Debate se ha solicitado en repetidas ocasiones a través del Portal de Transparencia información para tratar de arrojar luz sobre una «resignificación» de la que hay muchas dudas y muy pocas certezas. Las respuestas desde el Ministerio de Presidencia y desde el de Vivienda y Agenda Urbana, a través de su Secretario General, Iñaqui Carnicero, (amigo de la infancia de Sánchez colocado a dedo como alto cargo) dejan claro que la única información que quieren que se conozca es la que ellos mismos ofrecen.

Las contestaciones por parte del ministerio de Félix Bolaños son más noticiables por la información que niegan que por la que ofrecen. Pero la manera de negar los datos a este medio son, en sí misma, una declaración de intenciones. En la última misiva enviada a El Debate y firmada por la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo Muñoz, se justifica que el Ministerio de Presidencia no puede dar respuesta a las cuestiones que se plantean en la petición en función de «lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre».

Al consultar el apartado referido de la ley que regula la «Transparencia de la actividad pública» se lee: «El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las relaciones exteriores». Que se aplique este epígrafe de la norma a la solicitud realizada por El Debate es, cuanto menos, cuestionable dada la petición sobre la que se aplica.

A 18 de febrero de este año, este medio solicitó al Ministerio que se le informase de cuál era «el Acuerdo internacional entre la Iglesia y el Estado Español que permite al Gobierno realizar actuaciones sobre una Basílica Pontificia, saltándose los Acuerdos Iglesia Estado del año 1979, que son vinculantes y que recogen en su artículo 1.5 que 'los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado'».

Así, El Debate trata de esclarecer bajo qué pretexto, y con la autorización de quién, el Gobierno acomete un plan de acción para intervenir sobre una Basílica Pontificia (sobre la que solo tiene competencia el Papa) saltándose los Acuerdos Iglesia Estado del año 1979, que son un pacto bilateral entre dos naciones soberanas, que no se pueden vulnerar de manera unilateral.

Por lo tanto, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes esgrime como causa justificada para limitar el derecho a la información que desvelar esos datos podría afectar a sus relaciones con El Vaticano, cuando la cuestión por la que se pregunta es, precisamente, el por qué se han incumplido los acuerdos con la Santa Sede.

La negativa del Ejecutivo a facilitar documentos e información sobre el proceso de «resignificación» del Valle ha sido una constante desde hace meses. El Gobierno ha usado en repetidas ocasiones la prerrogativa legal que le permite ampliar el plazo de un mes (como se recoge en la ley de transparencia) para dar respuesta a las solicitudes realizadas por este medio.

Del mismo modo, el Ejecutivo (de manera premeditada o no) ha dilatado los tiempos para hacer llegar alguna de las peticiones presentadas por este medio a las administraciones responsables de dar respuesta. Tanto es así, que una de las solicitudes de información, que fue enviada el 29 de diciembre de 2025, no fue remitida al órgano competente hasta el 23 de febrero de este año, momento en el cual se dio inicio al plazo legal de un mes para dar respuesta. Casualidad o no, esta solicitud se comenzó a tramitar cinco días después de que este medio interpusiera una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esgrimiendo el no haber recibido respuesta tras casi dos meses desde la solicitud original.

Todas las solicitudes de información respecto al Valle de los Caídos han sido respondidas con evasivas y sin concreción, desestimadas total o parcialmente o directamente se ha contestado que no se dispone de la información. Gran parte de la documentación solicitada no se entrega a El Debate argumentando que se trata de «comunicaciones internas e información auxiliar que no forma parte del procedimiento».

El mejor ejemplo de esta estrategia ocultista se puede observar en la solicitud que se hizo en el mes de diciembre de 2025 a Trasparencia para que fuera entregado a este medio el documento titulado «Términos del acuerdo acerca de las intervenciones que recogerá la licitación del concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros», que finalmente fue publicado en exclusiva por El Debate en el mes de enero de 2026, a pesar de la ausencia de una respuesta oficial del Ejecutivo.

Esta misma semana, casi tres meses después de la citada solicitud, el Gobierno ha asegurado que esa información es pública, remitiéndose al BOE, en el que se puede leer lo siguiente: «Asimismo, el concurso respetará los términos establecidos en el Acuerdo suscrito el pasado 4 de marzo de 2025 entre los representantes de la Iglesia Católica y el Gobierno de España representado por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al haber trasladado los extremos acordados a los pliegos que rigen la licitación».

Por lo tanto, en el BOE se hace referencia a que la «resignificación» respetará los términos del acuerdo, pero sin explicar cuáles son esos términos, ni con quién se firma el 'acuerdo', remitiéndose a unos pliegos de licitación elaborados por el propio Gobierno. Al solicitar el documento referido, el Ejecutivo hace caso omiso, a pesar de que El Debate ya logró tener acceso a él. Este escrito, a pesar de carecer ya de valor informativo por haber sido mostrado en este foro hace meses, es la mayor prueba de las trabas que interpone el Gobierno a la hora de poder informar sobre una «resignificación» de la que, a día de hoy, hay más sombras que luces.