La matanza de Jérica: doce hombres conducidos juntos al martirio

A las seis de la tarde del domingo 23 de agosto de 1936 comenzó en Jérica una operación cuidadosamente preparada. Milicianos forasteros procedentes de Catarroja, Valencia, recorrieron las calles acompañadas por personas conocedoras de la localidad, que les indicaron las viviendas en las que se encontraban los sacerdotes. Un alguacil llevaba una lista con sus nombres y domicilios.

Aquel domingo era, paradójicamente, la festividad de la Divina Pastora, patrona de Jérica. La villa, que contaba con poco más de 2.700 habitantes, era cabeza de arciprestazgo y uno de los núcleos religiosos más importantes de la diócesis de Segorbe. Su arraigada tradición levítica había proporcionado numerosos sacerdotes al clero diocesano. En el verano de 1936, esa abundancia de vocaciones contribuiría a convertirla en escenario de una de las mayores matanzas sufridas por la diócesis.

Desde los primeros días posteriores al 18 de julio, el poder local había quedado en manos de un comité revolucionario. El párroco, Manuel Espuig Cortés; el coadjutor, Aurelio Lidón Mirasol, y el beneficiado José Ordaz Gómez fueron sometidos a una estrecha vigilancia. También se encontraban en Jérica varios sacerdotes que habían regresado a su pueblo natal o buscado refugio junto a sus familias.

El ensañamiento contra los más vulnerables

El comité obligó a todos los sacerdotes a comparecer diariamente en el Ayuntamiento con el supuesto propósito de protegerlos, aunque aquel control permitía mantenerlos localizados y conocer sus movimientos. Todos cumplieron la orden salvo Aurelio Lidón Mirasol, quien, atemorizado por el curso de los acontecimientos, dejó de presentarse y se ocultó en su domicilio. La tarde del 23 de agosto, los milicianos irrumpieron en las viviendas y fueron reuniendo a los detenidos en un camión. Decían que debían acompañarlos para prestar declaración. El supuesto traslado encubría el propósito de asesinarlos.

Ni la edad ni la enfermedad ofrecieron protección alguna. José María Pérez Martín, canónigo maestrescuela de la catedral de Segorbe, tenía más de setenta años. El comienzo de la persecución lo había sorprendido en Teruel y, creyendo encontrar seguridad entre sus paisanos, regresó a pie hasta Jérica atravesando montes y evitando las carreteras. Llegó agotado después de aquella penosa travesía, pero fue localizado en el domicilio familiar e incorporado a la saca.

Francisco Zorio Cortés se encontraba gravemente enfermo y postrado en cama. Los milicianos entraron en la vivienda, lo obligaron a levantarse y lo cargaron violentamente en el camión. Su debilidad era tan extrema que algún testimonio sostuvo que pudo fallecer durante el traslado. Pese a ello, su cuerpo fue acribillado junto a los de sus compañeros.

La captura de Aurelio Lidón Mirasol estuvo marcada por un especial ensañamiento. Los milicianos ocuparon la calle, cubrieron las tres puertas de la vivienda y efectuaron un registro minucioso. Cuando lo encontraron oculto detrás de un armario, lo hirieron con un cuchillo. Según una testigo, lo llevaron «a pinchazos» y ensangrentado hasta el camión.

«No tengo más armas que estas»

En medio de aquella violencia, algunos de los detenidos afrontaron su destino con una serenidad extraordinaria. Cuando preguntaron a Manuel Ordaz Almazán si llevaba armas, el sacerdote mostró su crucifijo y su rosario: «No tengo más armas que estas». Antes de abandonar la casa se despidió de su familia con una última petición: «No venguéis mi muerte: Dios los juzgará a todos».

Manuel Benajes Espuig tenía solamente 27 años. Su madre, viuda desde antes de que él naciera, había trabajado incansablemente para costearle los estudios eclesiásticos. Cuando los milicianos fueron a detenerlo, fue el hijo quien trató de confortarla: «Madre, tranquila, no padezcáis por mí, que me voy al cielo». Después le pidió que perdonara a quienes venían a buscarlo porque no sabían lo que hacían.

También Emilio Santolaria Martínez comprendió que aquella despedida sería definitiva. Se había refugiado en casa de su hermana y vestía un guardapolvo azul oscuro para pasar inadvertido, aunque el comité conocía su presencia. Cuando llegaron a detenerlo, únicamente dijo a los suyos: «Hijos míos, rezad por mí».

«Llevadme a mí»: el padre que quiso salvar a su hijo sacerdote

La escena más sobrecogedora tuvo lugar en el domicilio de Aurelio Almazán Puchades, joven sacerdote de 27 años. Cuando los milicianos acudieron a buscarlo, su padre, Victorino Almazán Ordaz, intentó ocupar su lugar y pidió que se lo llevaran a él para salvar a su hijo. Los asaltantes decidieron detener a ambos. Consideraban a Victorino, sacristán de la parroquia y hombre de profundas convicciones católicas, tan religioso como el sacerdote. Algunos lo llamaron «fabricante de curas» porque había tenido dos hijos presbíteros.

Padre e hijo se abrazaron presintiendo la muerte y fueron empujados juntos al camión. En la vivienda quedó Teresa Puchades, esposa de Victorino y madre de Aurelio, paralítica en un sillón. Cuando una de sus hijas regresó del campo y conoció lo ocurrido, fue la propia Teresa quien la consoló: «Hija mía, se han llevado a tu padre y a tu hermano al martirio, pero están ya en el cielo. Ellos desde el cielo nos ayudarán».

Al finalizar la operación, en el camión se encontraban los once sacerdotes: Manuel Espuig Cortés, Aurelio Lidón Mirasol, José Ordaz Gómez, José María Pérez Martín, Francisco Zorio Cortés, Germán Monleón Peidró, Manuel Ordaz Almazán, Emilio Santolaria Martínez, Manuel Benajes Espuig, Aurelio Almazán Puchades y Manuel Serrano Campos. Con ellos viajaba Victorino Almazán Ordaz, el único seglar del grupo.

La Iglesia deja constancia de su martirio

El vehículo abandonó Jérica y tomó el camino de Soneja. Durante el trayecto, algunos detenidos fueron insultados y golpeados. Los sacerdotes, conscientes de la proximidad de la muerte, se impartieron mutuamente la absolución sacramental. Alrededor de las ocho de la tarde, el camión se detuvo cerca del empalme de la carretera de Teruel-Sagunto con la de Castellón. Los doce prisioneros fueron obligados a descender y fusilados en la cuneta. Los documentos forenses registraron en los cadáveres perforaciones craneales producidas por armas de fuego.

Los cuerpos fueron enterrados provisionalmente en dos fosas comunes del cementerio de Soneja, sin recibir sepultura cristiana. Terminada la guerra, sus restos fueron exhumados en presencia de las autoridades y de numerosos familiares. Tras ser reconocidos, se colocaron en nuevos ataúdes y fueron trasladados solemnemente a Jérica para recibir sepultura eclesiástica. La anotación parroquial dejó constancia de sus nombres y afirmó que habían muerto «defendiendo a Dios y la Religión Católica».

La matanza de Jérica no fue una sucesión de crímenes aislados, sino una operación organizada para localizar y eliminar, en una sola tarde, a los sacerdotes presentes en una población de profunda tradición católica. No consta que se les instruyera proceso alguno ni que se les atribuyeran actuaciones concretas. Los once presbíteros fueron asesinados por su condición sacerdotal. Victorino Almazán compartió su suerte por su identificación pública con la fe católica y por haber querido permanecer, hasta el último momento, junto a su hijo.