¿Puede un católico votar a un partido proaborto? Esto es lo que respondió Ratzinger en 2002

En el año 2002, la Santa Sede abordó una de las cuestiones más debatidas por los creyentes: la compatibilidad entre la fe católica y el respaldo político a opciones o partidos opuestos a la ley moral natural. A través de la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, aprobada por el Papa San Juan Pablo II y firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Vaticano recordó los principios morales que deben guiar la participación de los católicos en la vida pública y política. El documento reconoce la legítima pluralidad de opciones políticas y la libertad de los fieles para elegir entre aquellas compatibles con la fe y la ley moral, pero establece también unos límites que considera irrenunciables.

En concreto, identifica determinadas cuestiones —como la defensa de la vida humana frente al aborto y la eutanasia— como exigencias éticas fundamentales que no admiten excepciones ni compromisos. Por ello, advierte que «la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral».

No son «valores confesionales», sino principios de la ley moral natural

En la Nota doctrinal, Ratzinger advierte contra la trampa de presentar la defensa de la vida como si fuera un «dogma religioso» o una «creencia confesional» que los católicos pretenden imponer a la sociedad. El documento señala explícitamente que la defensa de la vida desde la concepción no es una postura confesional ni una opinión exclusiva de los creyentes, sino una verdad inscrita en la ley moral natural y en la dignidad ontológica del ser humano, accesible a la razón, a la ciencia y al conocimiento objetivo sobre el hombre.

Aclarado este aspecto, la Santa Sede sale al paso de otra frecuente incoherencia: la eventual pretensión de católicos de respaldar a formaciones políticas que promueven el aborto alegando coincidencias en otras materias que sean sociales o económicas. Ante esto, el texto afirma que «cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona».

Para desmontar esta aparente justificación, el cardenal Ratzinger precisaba que la doctrina moral y social de la Iglesia no es una lista de temas independientes entre sí de la que se pueda escoger a conveniencia. La Nota advierte explícitamente de que «no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica», señalando que el compromiso con una causa social concreta «no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad».

Por qué la vida es el pilar indispensable de todo avance social

La razón por la que la protección de la vida desde la concepción ocupa un lugar prioritario radica en que, como subraya la Nota doctrinal, se trata de uno de los «principios éticos que, por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son 'negociables'». El derecho a la vida no constituye una prestación social coyuntural, sino la premisa fundamental sobre la que se sustentan todos los demás derechos.

Joseph Ratzinger advertía de que «la estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona». Frente a los «intentos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos [...], se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana», la Nota recuerda que el respeto absoluto al ser humano es precisamente lo que «hace posible la participación democrática».

Permitir que las leyes despojen de protección al ser humano en su fase inicial altera la raíz misma de la justicia. Como recuerda el texto citando a San Juan Pablo II, «verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen miserablemente». Pretender impulsar avances sociales mientras se prescinde de una «norma moral, arraigada en la naturaleza misma del ser humano, a cuyo juicio se tiene que someter toda concepción del hombre, del bien común y del Estado» aboca a la comunidad civil a una severa distorsión. Sin esta exigencia ética objetiva, la Nota concluye alertando de que «se abriría el camino a una anarquía moral» en la que «el abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia».

¿Puede un político católico apoyar una ley que limite el aborto?

La única matización prevista atañe a la labor de quienes se comprometen en la acción legislativa cuando se enfrentan al «caso en que no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor o que está por ser sometida a votación». Aunque la regla general impone la «precisa obligación de oponerse» a toda ley contraria a la vida —recordando la «imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes» y que «a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto»—, el documento contempla esta salvedad excepcional inspirada en la encíclica Evangelium vitae.

En ese escenario límite, para que el voto del político sea moralmente admisible se exige una condición pública indispensable: que se trate de «un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos». Solo bajo esta premisa de absoluta claridad moral, el legislador «pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública».

Los principios morales que no admiten negociación

La Nota doctrinal detalla de forma pormenorizada el elenco de aquellas «exigencias éticas fundamentales e irrenunciables» sobre las que la conciencia cristiana no admite derogaciones ni compromisos, al estar en juego «la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona».

–Defensa incondicional de la vida humana: El documento enmarca la protección del ser humano dentro de las «exigencias éticas fundamentales e irrenunciables» y señala que las leyes civiles «deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural». Esto implica la oposición a leyes en materia de «aborto» y «eutanasia». La Nota aclara expresamente que la prohibición de la eutanasia «no hay que confundirla con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima». Asimismo, ordena recordar el «deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano». (Para legisladores que se enfrenten al escenario en que «no fuera posible evitar o abrogar completamente una ley abortista en vigor», Ratzinger rescata el criterio de Juan Pablo II: si su oposición es «clara y notoria a todos», se permite apoyar propuestas encaminadas a «limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos»).

–Protección de la familia y el matrimonio monogámico: La Nota requiere la «tutela y la promoción de la familia», «fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto», exigiendo que sea «protegida en su unidad y estabilidad» frente a las «leyes modernas sobre el divorcio». El Vaticano advierte de que a la institución familiar «no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuanto tales, reconocimiento legal».

–Libertad de educación y protección de los vulnerables: Se reafirma que la «libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable», reconocido además en las «Declaraciones internacionales de los derechos humanos». Paralelamente, el texto exige atender la «tutela social de los menores» y la «liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud», citando expresamente la lucha contra «la droga y la explotación de la prostitución».

–Libertad religiosa y economía al servicio de la persona: No puede quedar fuera de este elenco el «derecho a la libertad religiosa» y el desarrollo de «una economía que esté al servicio de la persona y del bien común». El modelo económico debe configurarse «en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad», criterio según el cual deben ser «reconocidos, respetados y promovidos los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio».

–La construcción de la paz frente al irenismo: Respecto al «gran tema de la paz», la Nota advierte contra una «visión irenista e ideológica» que tiende a «secularizar el valor de la paz» o a ceder a un «juicio ético sumario». Recordando que la paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad», la Iglesia exige el «rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo», lo que requiere un «compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política».

Frente al «laicismo intolerante»: el derecho a actuar según la propia conciencia

Asimismo, el documento del Vaticano sale al paso de aquellas corrientes que pretenden arrinconar la voz de los creyentes en la esfera privada. La Nota doctrinal aclara que la verdadera laicidad —entendida como la autonomía de la política respecto a la autoridad eclesiástica— «nunca de la esfera moral», representa un «valor adquirido y reconocido por la Iglesia». Sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger advierte contra aquellos sectores que, «invocando engañosamente la tolerancia», pretenden exigir a los católicos que «renuncien a contribuir a la vida social y política de sus propios países» en función de sus convicciones éticas sobre el bien común.

El texto califica de «laicismo intolerante» la pretensión de «descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones». La Nota subraya que expulsar la ética natural y la fe del debate público no conduce a un espacio democrático neutro, sino que «se abriría el camino a una anarquía moral»

donde –como mencionado antes– «el abuso del más fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia». Por todo ello, la Santa Sede concluye que «la marginalización del Cristianismo no favorecería ciertamente el futuro de proyecto alguno de sociedad», sino que pondría en grave riesgo «los mismos fundamentos espirituales y culturales de la civilización».

El espejismo del «pluralismo ético»: la democracia no es neutralidad moral

En su análisis, el documento de Doctrina de la Fe advierte contra la pretensión de presentar el «relativismo cultural» y la defensa del «pluralismo ético» como si fueran la «condición de posibilidad de la democracia». La Nota doctrinal denuncia que esta postura conduce a la «decadencia y disolución de la razón y los principios de la ley moral natural», induciendo a los legisladores a promulgar normas que «prescinden de los principios de la ética natural» para limitarse a la «condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor».

Joseph Ratzinger aclara que «esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos» para elegir entre diversas opciones políticas en materias contingentes. La verdadera libertad política no se fundamenta en la idea de que «todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas», sino en el hecho de que la acción pública busca «la realización extremadamente concreta del verdadero bien humano y social». Frente a quienes pretenden un «indistinto pluralismo en la elección de los principios morales», la Santa Sede recordaba que la estructura democrática resultaría «sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona».

La exigencia de la «unidad de vida»

Por todo ello, el documento del Vaticano concluye advirtiendo contra la tentación de 'fragmentar' la conciencia del creyente o dividir su existencia en compartimentos estancos y recuerda que el compromiso social con un aspecto aislado no disculpa el desprecio a los principios morales irrenunciables.

El Magisterio plantea en la «conciencia única y unitaria de los fieles laicos» un estricto «deber moral de coherencia»: «En su existencia no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada vida 'espiritual', con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada vida 'secular', esto es, la vida de familia, del trabajo, de las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura».

Por esta razón, la Nota señala que la meta del cristiano en la política no es la componenda táctica, sino testimoniar «la unidad de vida que caracteriza al cristiano: La coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura». De este modo, la acción temporal se convierte en una «síntesis vital» en la que todo esfuerzo profesional, social y legislativo responde de manera íntegra a la verdad sobre la persona humana y su dignidad.