Sede del Banco Vaticano
León deroga por primera vez un documento de Francisco para reforzar el control de las inversiones de la Santa Sede
La medida, promulgada este 6 de octubre, busca reforzar la transparencia, la corresponsabilidad y la eficiencia en el uso de de los activos de la Curia
El Papa León XIV ha firmado su primera Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, titulada Coniuncta cura, en la que introduce cambios en la gestión de las inversiones financieras de la Santa Sede. La medida, promulgada este 6 de octubre aunque fechada el 29 de septiembre, busca reforzar la transparencia, la corresponsabilidad y la eficiencia en el uso de los activos de la Curia.
«El principio de corresponsabilidad en la communio», recuerda el texto, es clave para el servicio de la Curia Romana, en línea con lo establecido por el Papa Francisco en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium (2022).
En este sentido, el documento subraya la necesidad de «consolidar las disposiciones sucesivas en el tiempo y definir con claridad los roles y competencias de cada Institución, permitiendo la convergencia de todos en una dinámica de mutua colaboración».
El 'Rescriptum' de 2022 abrogado
Aunque el documento hace referencia a la Constitución Apostólica de Francisco, Praedicate Evangelium, la disposición más destacada del texto de León XIV es la derogación, por primera vez, de un documento emitido por el propio Francisco: el Rescriptum ex Audientia de agosto de 2022, sobre la administración de las actividades financieras.
Desde ahora, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) recurrirá de manera ordinaria a la estructura del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, salvo que los órganos competentes «no consideren más eficiente o conveniente recurrir a intermediarios financieros establecidos en otros Estados». Además, todas las inversiones deberán y seguirán siendo controladas por las normas del Comité para las Inversiones, creado en 2022 para garantizar que el Vaticano invierta de forma ética.
El punto del APSA supone un cambio respecto a lo que había establecido Francisco en 2022. En aquel Rescriptum, el IOR era declarado «exclusivamente» gestor patrimonial y depositario del patrimonio mobiliario de la Santa Sede y de las instituciones vinculadas a esta. Es decir, se establecía una centralización en el Banco Vaticano con el objetivo de evitar una dispersión de fondos que había generado problemas y escándalo, como las pérdidas millonarias por la compra de un edificio en Londres que autorizó la Secretaría de Estado.
Con la nueva normativa, León XIV flexibiliza este esquema: la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica utilizará la estructura interna del IOR para manejar las inversiones, a parte de poder recurrir a intermediarios financieros de otros países si lo consideraran necesario. Según el documento, esta corresponsabilidad permitirá «una dinámica de mutua colaboración» y una mayor eficiencia en el servicio de la Iglesia universal.
