Un hombre se sostiene la cabeza con preocupación, en una imagen de recurso
Salud
Eliminar el internamiento forzoso de enfermos psiquiátricos, «un disparate retórico»
El Ejecutivo anuncia que eliminará el ingreso involuntario de los pacientes sin ofrecer una alternativa consistente
Pese a los aplausos recibidos por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y la Confederación de Salud Mental de España al anuncio del Gobierno de poner en marcha una reforma legal para eliminar los internamientos forzosos a enfermos psiquiátricos, la realidad se impone y esa reforma, al menos por ahora, sin alternativas consistentes al internamiento, es «un disparate retórico», según el catedrático y presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, José Luis Carrasco.
Asegura que este anuncio enmarcado en la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y aprobada por el Consejo de Ministros hace unas semanas «no basa sus argumentos en una realidad clínica», en la que los internamientos forzosos se efectúan para garantizar la seguridad del propio paciente, su familia y la sociedad en general, según qué casos.
«La realidad clínica es que nosotros nos vemos con pacientes muy graves que llegan al hospital con delirios, pérdida del juicio de la realidad, conductas agresivas graves, suicidas, trastornos alimentarios con desnutrición severa, autolesiones repetidas… por poner algunos ejemplos» cuya única alternativa existente para protegerles es el internamiento forzoso «y no voluntario ya que no son conscientes de la gravedad de su situación y ninguno te pide ingresar», explica.
Carrasco insiste en que «es un disparate pensar que cualquier paciente con una enfermedad mental grave en pleno apogeo pueda decidir libremente sobre su tratamiento cuando en realidad la enfermedad está restringiendo toda su capacidad de decidir libremente». «Si viene una persona con un altísimo riesgo suicida, ¿qué vas a hacer? ¿dejarle que se vaya a su casa?», se pregunta, mientras lamenta la gran «contradicción e hipocresía» que hay entre esta próxima reforma legal y el actual debate de prevención del suicidio.
«Nos encantaría que no hubiera ingresos involuntarios pero la realidad clínica es la que es. A los pacientes no se les ingresa por gusto, se les ingresa para salvarles de la muerte, del suicidio... y en la mayoría de los casos son los propios familiares los que no van a permitir en ningún caso que el paciente sea devuelto a su casa en esa situación», asegura.
Según Víctor Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, en España los ingresos involuntarios suponen el «40 % del total». Todos están regulados. Cuando se producen, los médicos dan inmediatamente parte al juez quien envía en menos de 24 horas a un forense que evalúa el caso. «Si el juez dice que esa persona no debe de estar ingresada se le abre la puerta y se va», destaca.
Tratos semejantes a tortura
El borrador de la futura reforma del Gobierno habla de tratos a los pacientes que se asemejan a tortura, tal y como incide la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Habla del encierro en una habitación vacía, del atado de manos de los pacientes... que para Nel González Zapico, presidente de la Confederación de Salud Mental de España, «son prácticas que deben ser erradicadas porque van en contra de los derechos humanos y estos están por encima de lo que nos pueda preocupar».
González apoya el futuro cambio y habla de medidas preventivas que eviten llegar al internamiento involuntario. «Debe de existir un camino previo, que existan recursos de servicios sociales y sanitarios para que las personas sean atendidas hasta que alcancen una cierta autonomía», argumenta. Zapico también habla de que la nueva ley trace ciertas medidas de amparo legal del tipo «que si me pasa algo quiero que me atienda mi hermano o mi amigo o tal psiquiatra o psicólogo que puede decidir por mí», imagina.
Sin embargo, reconoce que hoy por hoy es un camino imposible porque no se tienen los recursos adecuados para lograr el reto. Los datos lo certifican. «La asistencia psicológica en la sanidad pública en España es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Así no se puede atender a la gente de ninguna forma», comenta.
Por su parte, Carrasco considera que lo de llamar tortura a estas prácticas es una barbaridad y una falacia cargada de demagogia. «Contra lo que se actúa es contra la enfermedad, no contra la persona, el médico lo que hace es proteger al paciente de su enfermedad. No es normal pensar que a los clínicos les interesa torturar al paciente. Si a un paciente hay que sujetarle las manos es porque con esas manos está intentando cortarse. Llamarlo tortura es una falacia y está cargado de demagogia. Es un insulto intolerable a todos los médicos», lamenta.
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