La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant
El Consejo de Ministros aprueba la nueva Ley de Ciencia
Pretende mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de la Ciencia que pretende mejorar la carrera profesional, dotarla de mayor estabilidad, reducir las cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimiento. Una norma que el sector considera insuficiente y no da solución a los grandes problemas de la ciencia en España.
Este texto garantiza también, en una disposición adicional, la financiación pública estable en I+D+i y su crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25 % del PIB –ahora está en el 0,58 %–, acorde a las metas marcadas por la Comisión Europea y tal y como se recoge en el borrador del pacto por la ciencia.
Diana Morant ha comparecido junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Morant ha afirmado que se trata de «un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores de España y por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable».
«Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores», ha declarado, para después añadir que con esta reforma «España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país».
El texto modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y ha sido aprobada por el Consejo de Ministros tras la finalización del trámite de audiencia pública, en el que asociaciones, sociedades científicas e investigadores a título individual han presentado más de 4.000 comentarios, muchos de ellos sobre la indemnización a los predoctorales por finalización de contrato. Ahora iniciará su trámite parlamentario, donde el Gobierno espera recabar «el máximo de los consensos».
Uno de los objetivos principales de la nueva norma es mejorar la carrera profesional, para lo que introduce una nueva modalidad contractual laboral indefinida; este contrato no necesitará autorización previa si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva.
El proyecto también contempla medidas para los científicos más jóvenes –doctorandos o investigadores predoctorales–, a los que reconoce el derecho a la indemnización por despido de 12 días de salario por año trabajado.
Este derecho, tal y como confirmó recientemente la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, será también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley.
El texto apuesta asimismo por reforzar la transferencia de conocimiento y, entre otras medidas, reconoce que las actividades de transferencia de resultados de investigación deberán considerarse un concepto evaluable a efectos retributivos y de promoción.
La norma refuerza además la transversalidad de género, con estructuras y acciones específicas para erradicar las desigualdades en la I+D+i.
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