Un galgo en condiciones precarias
El Gobierno aprueba la ley de bienestar animal con el rechazo de la mayoría de los implicados
El pasado mes de marzo, miles de personas salieron a las calles para protestar contra una medida que llevará a varios sectores a su desaparición
En pleno 1 de agosto, el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que el pasado mes de marzo sacó a miles de personas a las calles de Madrid en defensa del mundo rural.
Las mayores protestas provinieron por parte de los cazadores por el punto que equipara a los animales utilizados en actividades cinegéticas con animales domésticos y de compañía. Desde este colectivo han advertido que esto supondría la práctica desaparición de ciertas especies y supondrá un aumento del paro en el sector.
Por eso pedían que el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales se aplicara a las mascotas y exigían una regulación propia dependiente de Agricultura donde el ministro Luis Planas ha mostrado bastante más sensible hacia las necesidades del sector cinegético.
Otro asunto polémico fue el relativo a la esterilización animal, que levantó las iras de las asociaciones de veterinarios. Además de criticar que había sido excluido del proyecto, el Colegio de Veterinarios calificó de «aberración sanitaria», resaltaron el «sesgo animalista» del texto y el papel irrelevante que se ha dejado a unos profesionales que son sujetos clave para la aplicación de la ley.
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La ley también establece, para los propietarios de perros, la obligación de realizar un curso de formación gratuito independientemente de la raza o las características del animal, y deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil.
Fin de la compraventa
Este texto también aspira a terminar con la compraventa de mascotas en tiendas. Se prohíben los circos con animales y la comercialización de perros, gatos y hurones en las tiendas de mascotas. Los zoos y delfinarios tendrán que reconvertirse en centro s de recuperación de especies autóctonas.
También se endurecen las penas contra el delito de maltrato, que caso de muerte puede suponer 24 meses de cárcel y aumentar a los 36 meses en el caso de que concurra más de un agravante.
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