29 de enero de 2023

La vida del galgo está indiscutiblemente ligada a la caza

La vida del galgo está indiscutiblemente ligada a la caza

Sociedad

La reforma del maltrato animal y la Ley de bienestar, una «bomba de relojería» que amenaza a la caza

La Asociación de Rehalas Regionales pide la dimisión de Sergio García Torres e Ione Belarra

La reforma del delito del maltrato animal, junto a la ley de bienestar animal, «suponen una bomba de relojería» que amenaza con acabar con la actividad cinegética en España. Es la conclusión de la Asociación de Rehalas Regionales (ARRECAL), que pide la dimisión de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Según advierte en un comunicado ARRECAL, la reforma del Código Penal que propone el Gobierno de Pedro Sánchez «supondría la ampliación exagerada del delito de maltrato animal» y que el aumento de penas «vulnera el principio de proporcionalidad» en materia penal.
La nueva modificación convierte en delito prácticamente cualquier lesión no imprudente a un animal e incluso tipifica como delito leve cualquier daño que ni siquiera requiera tratamiento veterinario. Además, se añaden hasta nueve circunstancias agravantes y se elevan todas las penas.
Aunque no se hayan incluido a los perros de caza en el texto final, «la norma otorga un estatus inédito y muy superior a las organizaciones animalistas y ligadas a ellas», comenta Felipe Vegue, presidente de la asociación. «Las rehalas vienen sufriendo la persecución de estos grupos en muchos casos, y con esta legislación el Gobierno pone al pie de los caballos a los rehaleros», añade.
En España, más del 85 % de las 600.000 piezas de caza mayor que son abatidas cada año lo hacen gracias a la participación de los perros. «Sin rehalas no hay montería y, sin montería, será imposible realizar controles poblacionales de ciervos, jabalíes y otras especies de caza mayor», añaden desde ARRECAL.
Con el futuro de la caza en juego, el presidente de ARRECAL ha pedido la dimisión del director general de los Derechos de los Animales, Sergio García Torres, y de la ministra Belarra, «por la perpetración de dos normas que atentan contra el sentido común y que pretenden poner contra la pared a una actividad esencial como la caza».
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