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27 de febrero de 2024

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Fachada del edificio de la Comisión Europea en BruselasPxhere

La UE utiliza tres veces al mismo experto para forzar el reconocimiento de familias del mismo sexo

Una persona que trabaja en las instituciones europeas se muestra preocupada sobre cómo el lobby LGTBI está presente en las mismas y «presiona el debate democrático y las competencias nacionales»

La Comisión Europea ha utilizado repetidas veces a un mismo experto legal anunciado como «independiente» para la redacción de varios informes y de una iniciativa legislativa.
En concreto, una persona que trabaja en las instituciones europeas y que prefiere no dar su nombre relata a El Debate que se están utilizando expertos afines a ciertos temas, como el del matrimonio homosexual y su legislación en los países miembros. Es el caso del proyecto 'Reconocimiento de la paternidad' propuesto por la Comisión Europea, se trata de un reglamento –un instrumento legislativo con efecto directo, sin aprobación de los parlamentos nacionales– destinado a armonizar la legislación sobre familias del mismo sexo en toda la UE.
Estos Estados miembros se verían obligados a reconocer los efectos del matrimonio entre personas del mismo sexo, incluida la gestación subrogada, contraído en otro Estado miembro.
Fue a finales de este mes de abril de 2023 cuando el Parlamento Europeo, y más concretamente, su Dirección General de Políticas Interiores, realizó un estudio sobre este tema titulado 'Reconocimiento legal transfronterizo de la paternidad en la UE'.

Experta cercana al 'lobby' LGTBI

El estudio ha sido escrito por Alina Tryfonidou, profesora de derecho en la Universidad de Reading (Reino Unido) y la Universidad Neapolis de Chipre. Como ella misma reconoce, es cercana a NELFA (red de asociaciones europeas de familias lesbianas y gais, por sus siglas en inglés) y brindó asesoramiento legal a este lobby. Asimismo, fue miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea.
Aunque supuestamente independientes, un tercio de los expertos estaban vinculados al negocio de los vientres de alquiler o habían brindado asesoramiento legal sobre cómo reconocer los contratos de gestación subrogada.
Tryfonidou estuvo también estrechamente asociada con la redacción del Reglamento por parte de la Comisión Europea, «hasta tal punto que conocía el contenido del texto antes de su publicación oficial», comenta una fuente cercana al archivo.
Para más datos, el administrador responsable de este estudio fue Ottavio Marzocchi, exasistente parlamentario del Partido Radical italiano, que participó en la cacería de brujas contra el comisario Rocco Buttiglione en 2004. Este político, católico practicante, había sido nominado para ser comisario europeo de Justicia en la Comisión de José Manuel Durão Barroso, pero sus creencias personales fueron cuestionadas en audiencias por socialistas, liberales y verdes. Finalmente, su nombre fue reemplazado.

Un estudio sin críticas

El presente estudio, encargado por el Parlamento Europeo, se acerca más a un comentario del Reglamento. No hay críticas –ni positivas ni negativas– a la propuesta legislativa, sino una explicación.
Por el lado de la autora, «es comprensible que no critique un texto que ella misma se ayudó en gran medida a escribir». Este estudio parece ser «un copia-pega de sus argumentos anteriores», según denuncian. La profesora Tryfonidou utiliza este estudio para volver a abogar por el reconocimiento de la homopaternidad, tal y como lleva haciendo repetidamente durante un año.
De igual manera, trata de no enfatizar que el alcance no son las familias LGTBI, sino que usa el término «familias alternativas». Los vientres de alquiler, para más inri, se mencionan explícitamente y parece ser un tema más importante que las familias del mismo sexo (95 ocurrencias de 12).
Según la citada persona que trabaja en las instituciones europeas, es «muy preocupante que la UE utilice tres veces al mismo experto para favorecer el reconocimiento de las familias del mismo sexo. Muestra cómo el lobby LGTBI está presente dentro de las instituciones europeas y presiona el debate democrático y las competencias nacionales».
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