La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo
El Gobierno aprueba la ley que obliga la paridad en las empresas, política y justicia
En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40 % tendrán que justificar los motivos y corregirlo
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva Ley de Representación Paritaria, conocida como ley de paridad, que obliga a que haya al menos un 40 % de mujeres en el Ejecutivo, los consejos de administración, las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos de relevancia constitucional. Esta normal actualiza la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007.
«La meritocracia sin paridad no es posible», ha dicho la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, que se estrena así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la defensa de una norma que en el pasado defendió la vicepresidenta Nadia Calviño, en lugar de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Alegría ha atribuido este cambio a la modificación de «competencias» en los ministerios en la nueva legislatura.
Redondo, según recoge Europa Press, ha destacado que la norma es «motivo de esperanza» y ha recalcado que se trata de una ley «justa, eficiente y ambiciosa». También ha recordado que la aprobación de esta ley tiene lugar «en un momento especialmente duro, especialmente oscuro», tras los últimos asesinatos machistas, con cinco mujeres y una niña fallecidas en una semana.
Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado que esta es «la primera ley de este Gobierno de coalición» que camina por «la senda clara de derechos y de igualdad».
«Derechos de unos frente a recortes de otros», ha destacado, por su parte Alegría, recordando que la primera ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero fue la ley contra la violencia machista, mientras que la primera ley que aprobó el gobierno de Aznar fue «una ley que liberalizó el suelo» y la primera que aprobó el gobierno de Rajoy fue «un decreto de recortes para los servicios públicos».
Al hilo, ha insistido la ministra, con esta ley el Ejecutivo hace «n país más justo, un país más igualitario y, por tanto, un país mejor». «Este gobierno saben todos ustedes que es un gobierno feminista», ha concluido, y por eso «no es casualidad que esta sea la primera ley que aprobamos en nuestro Consejo de Ministros».
Novedades de la norma
La ley –que compete a los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Interior e Igualdad– pretende garantizar la paridad en los órganos de decisión públicos y privados, y previsiblemente será aprobada en los mismos términos que el pasado mes de mayo, salvo por los plazos para su entrada en vigor.
La norma, antes de las Elecciones generales del 23J obligaba a las empresas a tener consejos y direcciones con un mínimo del 40 por ciento de mujeres, algo que también afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.
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En la segunda vuelta, se ha introducido en el texto una modificación para que afecte también a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como «el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria».
También se ha flexibilizado el calendario de implementación de los objetivos previstos en la norma, que iría desde 2024 para el Ibex 35 hasta 2028 para las entidades de interés público.
A quién afecta y cuándo entra en vigor
Las fechas para la entrada en vigor de la norma, según el tamaño de la empresa y si son cotizadas o no, tendrán que modificarse respecto al texto original, teniendo en cuenta que la tramitación se retrasará varios meses y que el inicio previsto para las 35 empresas de mayor capitalización bursátil era el 30 de junio de 2024.
Al hilo, la obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.
Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación paritaria en sociedades cotizadas y entidades de interés público serán la CNMV y el Instituto de las Mujeres, respectivamente.
Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3 % (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6 % en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras).
Paridad en la Administración del Estado
El principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada Ministerio deberán incorporar también este principio de representación equilibrada en los próximos años.
La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40 % tendrán que justificar los motivos y corregirlo.
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