Planta de cannabis
El PP presenta una proposición no de ley para intensificar la prevención y reducción del consumo de cannabis
Frente a las intenciones de Mónica García de regular esta droga psicoactiva, los populares quieren debatir sobre lo que consideran un problema grave
Desde la entrada en el Gobierno de Mónica García, ministra de Sanidad, ha expresado en varias ocasiones su intención de avanzar hacia la legalización del cannabis medicinal. En el programa de Sumar, no obstante, aparecía la «regulación íntegra del cannabis y el modelo de asociaciones cannábicas basadas en el autoconsumo y sin ánimo de lucro».
Ante esta situación, el Partido Popular ha decidido presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a intensificar la prevención y la reducción del consumo de cannabis. Los populares lo justifican haciendo referencia al informe ‘Cannabis: preguntas, respuestas y dudas’, presentado el pasado 12 de enero por la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
En él se expone que el cannabis está cada vez más presente en nuestra sociedad pues «un 2,8 % de la población de 15 a 64 años» lo consume a diario, es decir, el «patrón de consumo de mayor riesgo para la salud». Entre estudiantes, concretamente de 14 a 18 años, el cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida tras las bebidas alcohólicas y el tabaco, y es la sustancia ilegal de mayor consumo en la referida población, de la cual el 28,6 % reconoce haberlo consumido en alguna ocasión.
Unos hábitos que en el 33 % de las personas puede desarrollar adicción, cuyas consecuencias incluyen una amplia variedad de efectos físicos y mentales. Asimismo, los miembros del Grupo Parlamentario Popular aluden a diversos estudios de revistas científicas como British Medical Journal y Nature Genetics en los que se exponen «los efectos muy perjudiciales del consumo del cannabis en personas jóvenes, embarazadas y conductores principalmente».
Por todo ello, el PP insta al Gobierno «a materializar, desde el consenso real con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como desde la plena coordinación con los representantes de los afectados y de los profesionales sanitarios y sociales, cuantas acciones sean necesarias para intensificar la prevención y conseguir la reducción tangible de todo tipo de consumo de cannabis en España».
Añaden en su proposición no de ley que todas las actuaciones que promueva el Gobierno en tal sentido, así como para generar conocimiento científico y divulgar información veraz sobre la cuestión, «serán dotadas con cuantos recursos humanos, económicos y materiales resulten necesarios, y se plantearán y llevarán a la práctica con un enfoque sociosanitario, educativo y de salud pública».
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