El Gobierno intenta revertir con más ayudas las alarmantes cifras de pobreza que suma el mandato de Sánchez

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han alertado durante la mañana de este jueves de los datos «inaceptables» de pobreza en España, en especial de pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños y niñas, y han abogado por aprobar una Prestación Universal por Crianza.

«No podemos normalizar que uno de cada tres niños vivan en situación de pobreza», ha manifestado Bustinduy este jueves, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. En el acto también ha participado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El plan presentado este jueves constituye la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años con el objetivo de «erradicar la pobreza en España», tal y como ha explicado el ministro de Derechos Sociales.

Según ha precisado Bustinduy, la pobreza es «el principal problema político y social que tiene este país» y ha lamentado que los índices de riesgo de pobreza y exclusión social son «inasumibles e inaceptables».

Pobreza desde que gobierna Sánchez

En 2023, este indicador se situaba cinco puntos por encima de la media europea (26,5 % frente a 21,3 %), y atendiendo a la tasa de pobreza infantil, el porcentaje se incrementa hasta el 34,5 %, casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).

La tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), que mide el riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea, muestra una realidad alarmante en España. El país está muy lejos de alcanzar el objetivo que se había fijado, que era reducir esta tasa al 21 %, es decir, 5,5 puntos menos que la cifra actual, que asciende al 26,5 %. Este compromiso forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 de la ONU.

Este desajuste refleja que los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. En términos concretos, 2,6 millones de personas deberían haber sido sacadas de esta situación de riesgo. Esta era la promesa de España, pero lamentablemente la estrategia actual de lucha contra la pobreza está dejando a muchas personas sin acceso a una vida digna.

La EAPN (Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social) advierte de un grave error en la visión española: la creencia de que el crecimiento económico por sí solo resolverá el problema de la pobreza. Sin embargo, es crucial entender que la mejora en las rentas medias, el aumento del empleo o el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no son factores automáticos para reducir las tasas de pobreza y exclusión social. Para abordar verdaderamente este desafío, es necesario implementar políticas de redistribución de la riqueza desde el Estado. Estas políticas deben estar orientadas a garantizar la calidad de vida de toda la población, asegurando que nadie quede atrás.

54 líneas de actuación

La estrategia presenta 54 líneas de actuación generales que posteriormente serán concretadas través de un plan operativo de ejecución y seguimiento. Este plan será elaborado cada año por el Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de los ministerios implicados e incluirá las medidas concretas a ejecutar (junto a su dotación presupuestaria).

Todo ello, según ha explicado la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, estará estructurado a partir de cuatro retos estratégicos.

El primero de ellos, tal y como ha detallado, es garantizar recursos para la ciudadanía, mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y prestaciones sociales, y que favorezcan el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudando a personas vulnerables a pagar el alquiler, previniendo los desahucios, ampliando herramientas contra la pobreza energética y abordando medidas para erradicar el sinhogarismo.

Además, contempla una revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.

El segundo reto es la «inversión social en las personas» para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades. En materia de educación, se fija como meta crear nuevas plazas en educación infantil y asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias con el objetivo de prevenir y reducir el abandono escolar; y en el plano laboral, fomentar la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y medidas contra la discriminación laboral.

El tercer punto es el refuerzo del estado de bienestar y la protección social, para lo cual se prevé construir una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres. Para ello, se plantea impulsar acciones en favor de las familias vulnerables, con apoyo especial a aquellas en las que haya personas con discapacidad; promover el acceso a comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana y a los sistemas de dependencia, y el acceso al Sistema Nacional de Salud y a la atención de la salud mental.

Además, la estrategia contempla el desarrollo de alianzas y trabajo en red, a través de la mejora de la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura; el impulso de la cooperación territorial a todos los niveles y el fomento de la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.