
Trabajadores expertos en educación de menores marginados de Badajoz se concentran para expresar sus condolencias
Clamor ante el asesinato de una educadora social a manos de tres menores en Badajoz: «Se sienten desprotegidas»
El asesinato ha desatado una ola de críticas de los principales partidos y sindicatos del país, que han cargado contra el estado de indefensión en el que se encontraba
El asesinato de una educadora social en un piso tutelado ubicado en Badajoz a manos de tres menores ha supuesto un auténtico seísmo en el país. En concreto, la mujer había denunciado días atrás a uno de los menores por supuestas amenazas en el inmueble, el cuál no contaba ni con cámaras ni con personal de seguridad.
El asesinato cometido sobre la educadora de 35 años ha desatado una ola de críticas de los principales partidos políticos, asociaciones y sindicatos del país, que han cargado contra el estado de indefensión en el que se encontraba.
«Los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar», compartía la educadora Sheila Gómez, quien ha hecho de portavoz durante la concentración de profesionales de esta rama ante las puertas del centro de acogida de menores 'Marcelo Nessi' de Badajoz, a la que han asistido representantes de diversas centrales sindicales.

Exteriores del piso tutelado de Badajoz , ubicado en la calle Castillo de Benquerencia, donde una educadora de 35 años de un piso tutelado de Badajoz ha sido asesinada
«Tienen que vivir allí, ir al instituto y se les realiza un plan de intervención con ellos. Aquí, la labor del educador es precisamente educar a estos menores», ha explicado Inés María Solomando, secretaria general del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura (Copesex).
Desde el Colegio se han reclamado medidas de seguridad «desde años y años atrás», para los centros de acogida de menores, los pisos tutelados y los pisos de convivencia de grupo educativo. «Se sienten muchas veces desprotegidas y, si bien en los centros de acogida sí hay vigilantes» se sienten desprotegidas del sistema», ha incidido.
Condena total por parte de los partidos
Responsables de PSOE, PP y Unidas por Extremadura han coincidido este lunes en mostrar su pésame por el asesinato de una trabajadora de un piso tutelado de Badajoz, presuntamente a manos de menores de edad.
En concreto, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha transmitido en nombre de su partido el pésame por la muerte de esta mujer, que ha calificado de «terrible drama», y ha señalado la necesidad de dejar «lógicamente» a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado que trabajen para que puedan esclarecer las circunstancias que han acaecido en este tema. Sin embargo, a pesar de la crítica de los socialistas extremeños, de momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha emitido comunicado alguno condenando el asesinato.

Trabajadores expertos en educación de menores marginados de Badajoz se concentran para expresar sus condolencias
Asimismo, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha condenado este «hecho trágico» y ha enviado el pésame de la formación a todos las familiares, amigos y compañeros de la trabajadora social.
Por su parte, la Asociación Feminista LIS (Libres, Iguales y Socialistas) ha mostrado su pesar por el asesinato de una educadora en Badajoz y, en «medio de esta profunda tristeza», ha criticado las «precarias condiciones laborales» del sector.
Investigación «minuciosa»
Los principales sindicatos del país también se han hecho eco de lo sucedido en suelo extremeño y han lamentado una «situación extrema». Por este motivo, desde CCOO han exigido una investigación «minuciosa» de las circunstancias en las que se ha producido esta agresión mortal.
«Queremos saber si se habían tomado o no las medidas preventivas necesarias, más aún si se confirma que la propia trabajadora había denunciado previamente la incertidumbre y el miedo en los que vivía por amenazas anteriores», exponen fuentes sindicales. Asimismo, UGT ha criticado la precariedad laboral y la falta de seguridad en este tipo de centros financiados con fondos públicos aunque gestionados por asociaciones «sin garantías adecuadas».