Mónica García impulsa la ley del medicamento con guiños al cambio climático y controversia en la prescripción

En plena disputa por el Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad ha optado por no valorar las propuestas de los médicos y, en su lugar, llevará al próximo Consejo de Ministros –previsto para el 8 de abril– el anteproyecto de ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Según el documento, al que ha tenido acceso El Debate, el texto introduce de forma forzada temas como el cambio climático, el respaldo a los medicamentos genéricos y la posibilidad de que los enfermeros puedan prescribir fármacos, entre otros puntos polémicos.

Para justificar la inclusión de la Agenda 2030 –aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015–, el departamento de Mónica García ha incluido en su documento, concretamente en la exposición de motivos, varias referencias que buscan ajustarse a algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El texto argumenta que actualmente, nuestras sociedades sufren «una triple crisis planetaria caracterizada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad». Asimismo, anota que esta crisis tiene «una serie de efectos directos sobre la salud humana» como son «el aumento de las enfermedades no transmisibles debido a la contaminación atmosférica y al aumento de las temperaturas, el empeoramiento de la salud menta por los eventos climáticos extremos adversos, una mayor incidencia de enfermedades transmitidas por vectores por el cambio en las condiciones climáticas o el impacto que los desastres naturales puedan tener en las estructuras sanitarias».

También afirma que «de manera indirecta», la crisis climática afecta a los determinantes sociales, económicos y comerciales de la salud, agravando «el impacto de estos determinantes a la hora de generar desigualdades en salud en la sociedad».

Obligaciones ambientales del sistema sanitario

El anteproyecto sostiene que los sistemas sanitarios deben tener una «obligación moral» de, además de proteger la salud humana, ser también responsables con el medio ambiente para garantizar «un futuro saludable para todos» En este sentido, menciona la emisión de gases de efecto invernadero, el uso de recursos naturales y la generación de residuos.

Los puntos más polémicos

El talón de Aquiles de la ley está en la modificación del Sistema de Precios de Referencia, un punto que busca garantizar un precio accesible para todos los ciudadanos. Esto impulsará la competitividad de los genéricos, cuya prescripción en España ronda el 45 %. Esta modificación ha generado rechazo en el sector farmacéutico, que asevera que esta política pone en riesgo la viabilidad de algunos laboratorios y afecta la calidad del servicio.

Otro elemento relevante es el artículo 86 de la ley, la cual establece que los enfermeros y fisioterapeutas tendrán la posibilidad de «prescribir medicamentos dentro de las competencias que tengan atribuidas». Esta medida genera debate entre profesionales sanitarios sobre los límites de la prescripción y las garantías clínicas.

El texto también introduce un apartado dedicado a los precios de los medicamentos. El Ejecutivo establece la posibilidad de que el paciente abone la diferencia con respecto al medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea.

Con esto, el farmacéutico podrá «dispensar el fármaco prescrito o uno de los agrupados en base al nomenclátor de prescripción elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, recayendo la elección en el paciente que, cuando el medicamento no se encuentre dentro del conjunto de medicamentos de precio seleccionado para la financiación, podrá abonar la diferencia de precio con respecto al precio menor de dicho conjunto».

El anteproyecto también amplía las capacidades del Ministerio de Sanidad para impulsar la utilización, recogida, tratamiento y publicación de datos de calidad, incluyendo los costes de adquisición reales, así como sistemas de información orientados a resultados en salud, contabilidad de costes, y a la rendición de cuentas, introduciendo métricas sobre el funcionamiento del sistema que sean evaluables.

Un documento mal elaborado

Lo que debería ser una norma para mejorar la vigente desde 2015, ha terminado siendo una nueva propuesta del Gobierno por incluir sus intereses personales. Ejemplo de ello es el dictamen que el Consejo Económico y Social (CED) emitió el mismo año de su entrada en vigor, quien advirtió que la reforma incluía disposiciones que excedían «la autorización de refundación legal»

Así, denunció que Sanidad debería, en vez de incorporar obligaciones nuevas, mejorar las ya existentes. Además, recomendó limitar el texto al proceso técnico de refundición, evitando innovaciones legales y garantizando mayor participación de los agentes sociales.