Fachada de la cárcel de Liverpool
Reino Unido valora imponer la castración química contra los agresores sexuales
El Gobierno laborista quiere seguir el modelo de Estados Unidos y combinar los medicamentos con terapia psicológica para prevenir a reincidencia
La ministra de Justicia del Reino Unido, Shabana Mahmood, ha dado a conocer este jueves un proyecto piloto que contempla la implantación de la castración química en veinte prisiones del país, como parte de una reforma más amplia del sistema penitenciario orientada a mitigar el hacinamiento carcelario.
Durante su intervención ante el Parlamento, Mahmood detalló que esta medida, diseñada para reducir la reincidencia entre delincuentes sexuales, podría llegar a ser obligatoria en determinados casos, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos. No obstante, reconoció que esta posibilidad genera controversia y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La ministra explicó que la castración química consistirá en la administración de medicamentos destinados a controlar la excitación sexual anómala, especialmente en casos como el de los pederastas. Esta intervención se completará con terapias psicológicas orientadas a tratar factores subyacentes a los delitos, como la necesidad de ejercer poder o control. Según sus palabras, se trata de una estrategia integral que busca reducir la reincidencia abordando no solo los síntomas, sino también las causas profundas del comportamiento delictivo.
Inspiración conservadira
Esta propuesta se encuentra recogida en un informe solicitado por el Gobierno laborista y elaborado por el exministro conservador David Gauke. El documento plantea diversas reformas para gestionar de forma más eficiente la ocupación en los centros penitenciarios.
En respuesta a la situación de saturación de las cárceles británicas, el Ejecutivo laborista, que asumió el poder en julio del año pasado, ya ha puesto en marcha la construcción de tres nuevas prisiones y ha aprobado la liberación anticipada de reclusos condenados por delitos menores.
Durante su comparecencia, Mahmood manifestó su intención de adoptar el modelo de «progresión ganada» propuesto en el informe de Gauke. Este sistema permitiría que los presos avanzaran en su régimen penitenciario mediante un proceso dividido en tres fases, cuya duración dependerá de la pena impuesta y de la gravedad del delito.
La primera fase, denominada de custodia, pretende fomentar el buen comportamiento entre los internos. Le sigue una etapa de transición bajo supervisión variable, conocida como post-custodia. Finalmente, la etapa de riesgo contempla una situación de libertad sin vigilancia activa, aunque con posibilidad de reingreso en caso de nuevos delitos.
Otras reformas
Sin embargo, la ministra rechazó la propuesta de que los delincuentes considerados peligrosos –incluidos los condenados por terrorismo– puedan optar a la libertad condicional al cumplir la mitad de su condena, en lugar de los dos tercios actuales, a cambio de acumular «créditos» por actividades rehabilitadoras realizadas durante su estancia en prisión.
Mahmood sí accedió, en cambio, a destinar 700 millones de libras adicionales al año (equivalentes a unos 830 millones de euros) para reforzar el Servicio de Libertad Condicional, además de aumentar los recursos destinados a la supervisión de infractores en libertad.
Entre las propuestas recogidas en el informe también figura la recomendación de revisar el modelo de imposición de penas. El texto sugiere que, en casos en los que actualmente se dictan condenas cortas, se opte preferentemente por sanciones económicas u otras medidas alternativas, como prohibiciones de viajar, conducir o asistir a eventos deportivos.
Asimismo, se aboga por extender el uso de las penas diferidas en el caso de infractores con perfiles de bajo riesgo y necesidades especiales, como las mujeres embarazadas o las personas con adicciones.
Otro punto destacado del informe es la necesidad de incrementar las deportaciones de inmigrantes que hayan cometido delitos, así como expandir el número de Tribunales Especializados en Violencia Doméstica. El objetivo de esta medida sería fortalecer la protección de las víctimas y mejorar la rehabilitación de los agresores.
